El gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, viene trabajando en un borrador de decreto orientado a regular el derecho a la protesta pacífica en Colombia. Según reportó El Espectador, el documento recoge propuestas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades, la apertura de canales de diálogo con los manifestantes y una participación más activa de la Policía en la coordinación de las marchas.
La protesta social es un derecho constitucional en Colombia y, desde la expedición de la Ley 1801 de 2016 y normas complementarias, el Estado ha intentado fijar protocolos para su ejercicio. Las movilizaciones de los últimos años dejaron lecciones sobre la necesidad de reglas claras que equilibren la garantía del derecho a manifestarse con la protección de los bienes públicos, los privados y la integridad de quienes participan y de quienes no participan en las marchas.
Uno de los puntos sensibles del borrador es el referido al uso de la fuerza. El texto, según el extracto publicado por El Espectador, establece criterios que buscan delimitar la actuación de los uniformados frente a bloqueos, disturbios y hechos violentos en el marco de las protestas. Este tipo de disposiciones suelen ser las más debatidas porque afectan directamente a los ciudadanos que salen a las calles y a los efectivos que intervienen.
Otro eje de la propuesta es el diálogo. El borrador contempla mecanismos para que las autoridades puedan abrir conversaciones con los organizadores de las protestas antes, durante y después de las jornadas, con el fin de encauzar las demandas y reducir los niveles de confrontación. La idea, planteada en términos generales por la fuente, apunta a que las manifestaciones pacíficas tengan canales institucionales de respuesta.
El tercer componente es el papel de la Policía. La iniciativa plantea una mayor participación de la institución en la planeación y el acompañamiento de las marchas, lo que implica ajustes en los protocolos de actuación, en la logística y en la coordinación con alcaldías y gobernaciones. Para los organizadores sociales, este punto suele ser objeto de discusión, porque en ellos descansa buena parte de las garantías y de los riesgos de una movilización.
Para la ciudadanía, una reforma de este tipo tiene implicaciones directas. Quienes marchan esperan reglas que les permitan ejercer su derecho sin verse expuestos a respuestas desproporcionadas. Los residentes y comerciantes de las zonas por donde transcurren las protestas buscan que se protejan sus bienes y su movilidad. Y los servidores públicos, incluidos los policías, requieren protocolos claros para saber cómo actuar en medio de situaciones que suelen cambiar minuto a minuto.
El Espectador no publicó, en el extracto disponible, reacciones de otros sectores políticos, de organizaciones de derechos humanos ni de los gremios económicos, por lo que el alcance de la propuesta aún está en construcción y sujeto a observaciones. Lo que sí queda claro es que se trata de un borrador en etapa de discusión, no de un decreto vigente, por lo que puede ser modificado antes de su expedición.
El siguiente paso, según la dinámica habitual de este tipo de iniciativas, sería la apertura de una fase de comentarios, en la que distintos actores sociales, jurídicos y de seguridad puedan presentar observaciones al texto. Luego de ese proceso, el gobierno definiría si expide el decreto en los términos originales, con ajustes o si decide archivarlo. Mientras tanto, las normas vigentes sobre protesta se mantienen plenamente en efecto.