La fumigación aérea de cultivos de coca fue una herramienta central de la política antidroga en Colombia durante décadas. El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ha expresado su intención de retomar esa práctica, según reportó el medio TRT Español, que señala los múltiples desafíos jurídicos que tendría que superar la iniciativa.
La Corte Constitucional de Colombia prohibió la aspersión aérea con glifosato en una sentencia de 2015, al considerar que el herbicida representaba riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Desde entonces, los operativos de erradicación manual se convirtieron en la principal estrategia del Estado contra los cultivos ilícitos, aunque las cifras de área sembrada se han mantenido elevadas.
Para reactivar la fumigación aérea, cualquier gobierno necesita cumplir varios requisitos legales. Entre ellos, la formulación de un nuevo protocolo que contemple la protección de comunidades étnicas, la evaluación de impactos ambientales y la coordinación con entidades de salud. También se requiere que las Fuerzas Armadas cuenten con los equipos y la regulación operativa actualizada.
La iniciativa ha generado opiniones encontradas. Sectores que defienden la aspersión aérea argumentan que la erradicación manual resulta insuficiente y costosa, y que el glifosato podría reducir más rápido las hectáreas cultivadas. Organizaciones sociales y ambientales, en cambio, han cuestionado la eficacia real de la fumigación y han alertado sobre los efectos del herbicida en la salud de las poblaciones rurales y en ecosistemas como páramos y fuentes de agua.
El debate sobre la política antidroga se da en un contexto regional complejo. Colombia es el principal productor mundial de cocaína, según informes de organismos internacionales, y los cultivos de coca se concentran en departamentos como Putumayo, Caquetá, Norte de Santander y Cauca, zonas donde la presencia de grupos armados ilegales añade un factor de riesgo adicional para cualquier operativo.
Si el gobierno decide avanzar formalmente en el proyecto, deberá presentar la propuesta ante el Consejo Nacional de Estupefacientes y sustentar el cumplimiento de los requisitos fijados por la Corte Constitucional. También tendría que abrir espacios de consulta con comunidades afectadas y con las autoridades ambientales, un proceso que suele tomar varios meses.
Más allá del componente jurídico, la discusión pública gira en torno a si la aspersión aérea constituye una solución estructural al problema de los cultivos de uso ilícito. Críticos sostienen que la fumigación no ataca las causas económicas y sociales que llevan a los campesinos a sembrar coca, mientras que defensores afirman que es una herramienta complementaria necesaria mientras se fortalecen programas de sustitución voluntaria.
Por ahora, la intención declarada por el presidente De la Espriella abre un nuevo capítulo en el debate sobre la estrategia antidroga del país. Queda por verse si la propuesta se concreta en un proyecto normativo, cómo responde la Corte Constitucional ante un eventual cambio de regulación y cuál será el papel de las comunidades y los organismos de control en el proceso.