El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, intentó retomar la aspersión aérea contra los cultivos de coca utilizando glufosinato de amonio, un herbicida distinto al glifosato que se empleó en pasadas campañas de fumigación. La propuesta buscaba ejecutarse mediante un plan piloto, según reportó CAMBIO Colombia.
La estrategia no llegó a aplicarse. Un juez suspendió el plan piloto antes de su ejecución, al evaluar exigencias de tipo ambiental, judicial y de consulta previa con comunidades afectadas por las históricas fumigaciones en zonas cocaleras del país.
La consulta previa es un requisito constitucional en Colombia cuando una medida administrativa puede afectar de manera directa a comunidades étnicas. En el pasado, los procesos de aspersión aérea han generado controversies en regiones con presencia indígena y afrodescendiente, lo que suele traducirse en litigios y tutelas ante la justicia.
El glufosinato de amonio es un herbicida de amplio espectro utilizado en distintos cultivos agrícolas. Su posible uso en la lucha antidroga reabrió el debate sobre la eficacia de la aspersión química frente a alternativas como la erradicación manual, que el Gobierno anterior intensificó tras la suspensión de las fumigaciones con glifosato en 2015 por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes.
La suspensión judicial ocurre en un momento sensible para la cooperación con Estados Unidos. Washington ha condicionado históricamente parte de su cooperación en seguridad y desarrollo a los resultados que Colombia muestre en la lucha contra los cultivos ilícitos, y produce certificaciones anuales sobre el desempeño del país en la materia.
Para los habitantes de los municipios cocaleros, la discusión tiene efectos prácticos: la aspersión aérea suele ser rechazada por afectar cultivos lícitos y fuentes de agua, mientras que la erradicación forzosa a mano se traduce en frecuentes enfrentamientos con campesinos que dependen de la hoja de coca para su sustento.
Organizaciones ambientales y de derechos humanos han cuestionado de manera recurrente el uso de químicos en la guerra contra las drogas, señalando riesgos para la salud y los ecosistemas. El Gobierno, por su parte, defiende la aspersión como una herramienta necesaria para reducir la oferta de cocaína.
Con la suspensión del plan piloto, el debate sobre qué herramienta antidroga aplicar queda nuevamente en el aire. Hasta que no se resuelvan los requisitos judiciales y de consulta previa, no será posible avanzar con fumigaciones aéreas, lo que deja en pausa la estrategia química del nuevo Gobierno.
La mirada de Estados Unidos agrega un componente diplomático al asunto. La certificación antinarcóticos, que se emite cada año, evalúa el cumplimiento de Colombia en metas como la reducción de cultivos, la interdicción y el procesamiento de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.