El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la carta que el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dirigió a la Corte Penal Internacional (CPI), según reportó El País. La comunicación, de acuerdo con la fuente, advertía sobre medidas que el Gobierno estaría adelantando y que podrían afectar el funcionamiento de la jurisdicción transicional.
De la Espriella rechazó el contenido de esa misiva y cuestionó que el titular de la JEP haya buscado el respaldo de un tribunal internacional frente a decisiones del Ejecutivo colombiano. El pronunciamiento fue recogido por El País, que dio a conocer los puntos centrales de la intervención del mandatario.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo Final de Paz de 2016. Su misión es juzgar las conductas más graves cometidas por excombatientes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros vinculados al conflicto armado. El magistrado Alejandro Ramelli ocupa la presidencia de ese tribunal especial.
El cruce de comunicaciones se produce en un contexto de tensiones entre el Gobierno nacional y la JEP por el alcance de las reformas a la justicia transicional y por debates sobre la soberanía frente a organismos internacionales. Cualquier gestión ante la CPI suele interpretarse como un llamado de atención sobre posibles investigaciones por delitos competencia de ese tribunal.
Para la ciudadanía, el episodio reabre el debate sobre la autonomía de la justicia transicional y la protección de los derechos de las víctimas del conflicto. También pone sobre la mesa la pregunta por los límites entre la cooperación internacional y las decisiones internas del Estado en materia de juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos.
La fuente consultada no detalla textualmente las expresiones del presidente De la Espriella ni los apartes específicos de la carta de Ramelli. El País es el medio que difunde ambos contenidos y al que se remite este observatorio para precisar el alcance exacto de las declaraciones.
Queda por esclarecer si la JEP ampliará públicamente su posición y si la CPI responderá formalmente a la comunicación del magistrado colombiano. También está pendiente conocer las acciones concretas del Gobierno que, según la carta denunciada, podrían comprometer la operación de la jurisdicción de paz.