El presidente Abelardo de la Espriella manifestó su rechazo a la reforma tributaria que el Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Congreso. La noticia fue reportada por Zona Cero, medio que registró las declaraciones del Mandatario sobre el contenido del proyecto.
De la Espriella indicó que la iniciativa trasladaría a los colombianos el costo de cuatro años de desorden fiscal. Con esa frase cuestionó la situación de las cuentas públicas que, según su lectura, dejó la administración saliente, y advirtió sobre el efecto que tendrían las nuevas cargas impositivas en hogares y empresas.
La reforma tributaria es uno de los proyectos centrales del Gobierno Petro y busca modificar el Estatuto Tributario vigente. En debates anteriores, el Ejecutivo ha argumentado que el recaudo adicional se destinará a programas sociales, inversión en regiones y transición energética, entre otros fines.
En Colombia, las reformas tributarias requieren el trámite en las comisiones económicas y luego en las plenarias de Cámara y Senado, con debate en cada una. El Congreso puede aprobar, modificar o archivar el proyecto, y cualquier cambio sustancial exige una conciliación entre ambas cámaras antes de pasar a sanción presidencial.
El rechazo presidencial se suma al de varios sectores políticos y gremiales que han cuestionado el alcance de la iniciativa. Analistas económicos han señalado que el efecto neto sobre la inversión y el consumo depende del diseño final de tarifas, exenciones y deducciones, aspectos que se discuten en el Legislativo.
Para la ciudadanía, el punto central es si habrá nuevos gravámenes a la renta, al consumo, al patrimonio o a actividades específicas, y si se mantendrán o eliminarán beneficios actuales. La carga efectiva sobre cada contribuyente varía según su nivel de ingreso, su actividad económica y su régimen tributario.
Como contexto, Colombia ha mantenido una presión tributaria cercana al 19 % del PIB en años recientes, por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Cerrar esa brecha es uno de los argumentos que suele usar el Gobierno para justificar reformas de este tipo, mientras que críticos sostienen que el problema es el gasto, no los ingresos.
El Gobierno Petro defiende la reforma como una vía para reducir la desigualdad y fortalecer la financiación de programas sociales. La oposición, incluidos gremios y partidos de distinto signo, ha advertido sobre posibles efectos negativos en la competitividad y el empleo formal si los tributos se encarecen.
Queda pendiente conocer el texto definitivo que se someta a votación, las modificaciones que se incluyan en el trámite y el cronograma del debate en el Congreso. También se espera la postura de las bancadas, las mesas directivas de las comisiones económicas y los voceros de los partidos frente a los planteamientos del presidente de la Espriella.
En las próximas semanas se medirá el alcance del rechazo presidencial, expresado por Abelardo de la Espriella desde el inicio de su mandato, y su capacidad de incidencia en la discusión legislativa de una reforma que define el rumbo fiscal del país para los próximos años.