El presidente Abelardo de la Espriella lanzó una orden directa a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional durante un pronunciamiento público. Según el extracto citado por El Heraldo, el jefe de Estado señaló: «Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales».
De la Espriella enmarcó esa directriz dentro del compromiso central de su gobierno: derrotar al narcoterrorismo y a los grupos criminales que, según declaró, afectan la seguridad y la convivencia en el territorio nacional. La instrucción fue reiterada por el presidente como línea firme de su administración, según la fuente.
En Colombia, las Fuerzas Militares y la Policía tienen competencias diferenciadas para enfrentar a grupos armados organizados, estructuras dedicadas al narcotráfico y bandas delincuenciales. Las primeras dependen del Ministerio de Defensa y desarrollan operaciones ofensivas; la Policía, por su parte, ejecuta funciones de vigilancia urbana, investigación criminal y control del orden público. Una orden presidencial de este tipo se traduce en directrices operativas que las comandancias deben ejecutar.
La figura del «narcoterrorismo» ha sido usada por distintos gobiernos colombianos para describir el vínculo entre organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y acciones de violencia armada contra la población civil, las Fuerzas Armadas y la infraestructura del Estado. Aunque su uso es debatido en círculos académicos y políticos, el término ha sido parte del lenguaje oficial en la lucha contra grupos como las antiguas FARC, el ELN y disidencias, así como contra redes de narcotráfico.
La instrucción presidencial tiene implicaciones directas para la ciudadanía en zonas rurales y urbanas donde operan estructuras armadas ilegales. Las operaciones militares y policiales contra esos grupos suelen intensificarse en regiones históricamente afectadas por el conflicto, con efectos en la seguridad, la movilidad y la economía local. La población civil en esas áreas es la más expuesta a los efectos de las confrontaciones armadas.
La decisión también pone en el centro del debate el rol del Ejecutivo frente a la fuerza pública. La Constitución colombiana establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, por lo que las directrices impartidas desde la Presidencia tienen carácter vinculante para la cadena de mando militar y policial. Este marco legal otorga al primer mandatario la responsabilidad de fijar los lineamientos estratégicos de la seguridad nacional.
Analistas de seguridad suelen señalar que las declaraciones presidenciales de este tipo buscan fijar un mensaje político de firmeza, pero su traducción en resultados depende de la capacidad operativa, la coordinación interinstitucional y la consistencia de las políticas en el tiempo. La reiteración de la orden, según lo reportado por El Heraldo, sugiere que el gobierno busca proyectar una postura inmodificable frente a las organizaciones criminales.
En las próximas semanas se conocerán los operativos y planes específicos que deriven de esta directriz, así como la respuesta de las estructuras criminales mencionadas por el presidente. La ciudadanía estará atenta a la evolución de la estrategia de seguridad y a sus efectos en regiones como el Catatumbo, el Pacífico colombiano, zonas del sur de Córdoba y otras áreas donde la presencia de grupos armados ilegales ha sido histórica.
Queda pendiente cómo se articulará esta orden con otras políticas del gobierno en materia de paz, justicia transicional y protección de derechos humanos, ejes que también hacen parte del debate sobre la lucha contra el crimen organizado en Colombia. La fuente consultada para esta nota es El Heraldo (elheraldo.co).