Según un reporte de EL PAÍS, el presidente Abelardo de la Espriella comunicó que la cifra de desaparecidos a causa del terremoto asciende a 143 personas. La cantidad fue presentada por el jefe de Estado como el balance oficial de la emergencia.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses maneja una cifra distinta. Esa entidad reporta 346 personas desaparecidas en el contexto del mismo fenómeno sísmico. La diferencia ya supera el doble de los casos reconocidos por el presidente.
La brecha se amplía al revisar los datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Esa dependencia del Gobierno contabiliza 428 desaparecidos, es decir, prácticamente tres veces más que los 143 mencionados por De la Espriella. Las tres fuentes oficiales, en consecuencia, no coinciden en un momento crítico para la atención de la emergencia.
En coyunturas de desastre, la convergencia de cifras entre las autoridades es clave. Medicina Legal tiene a su cargo la identificación de cuerpos y la recepción de reportes por desaparición. La UNGRD, por su parte, concentra la información operativa de los comités regionales y locales de emergencia. El reporte presidencial suele construirse sobre el consolidado que entregan esas entidades.
Cuando las cifras oficiales difieren en un escenario de desastre, las familias que buscan a sus seres queridos quedan expuestas a una información dispersa. Los allegados recurren a varias instituciones para confirmar si un familiar aparece en los listados. Una divergencia como la documentada obliga a las víctimas a contrastar datos entre entidades que, en principio, deberían hablar con un solo número.
La situación también tiene implicaciones para la logística de la respuesta. La búsqueda, rescate y atención humanitarian dependen de estimar cuántas personas faltan por ubicar. Si el universo real de desaparecidos es mayor al informado, los recursos destinados a la búsqueda podrían quedar cortos frente a la demanda. La toma de decisiones en las primeras horas suele calibrarse con la cifra que se comunica desde la Presidencia.
EL PAÍS, en su publicación, presenta el contraste entre las tres fuentes sin atribuir responsabilidad a un solo funcionario. El medio destaca que las instituciones encargadas reportan cantidades superiores a las reconocidas por el jefe de Estado. La información fue verificada con datos entregados por cada una de las entidades en su más reciente balance público.
El caso se inscribe en una problemática conocida en la gestión de desastres en Colombia. Tras sismos y avenidas torrenciales de años anteriores, la sociedad civil ha cuestionado la forma en que se unifican los reportes oficiales. Organizaciones de víctimas han pedido en el pasado que se cree un registro único de desaparecidos, accesible para las familias y cruzado con los listados forenses y los reportes de los consejos departamentales de riesgo.
Por ahora, el contraste de cifras deja varias preguntas abiertas. No se conoce, a partir de los datos publicados, si la Presidencia divulgará una actualización al alza de la cifra de desaparecidos. Tampoco se informó públicamente sobre las razones de la diferencia entre las 143 personas reportadas por De la Espriella y las 428 que maneja la UNGRD. La clarificación del número, en cualquier caso, resulta determinante para dimensionar el alcance de la tragedia y orientar la ayuda.
En las próximas horas se espera que la UNGRD y Medicina Legal actualicen sus balances con el avance de las búsquedas. Las autoridades locales en las zonas afectadas suelen entregar reportes conforme las familias se acercan a los puntos de atención. La consolidación de un número único de desaparecidos, con metodología transparente, será una de las pruebas de fuego para la coordinación institucional durante la emergencia.