El presidente Abelardo de La Espriella informó que en operaciones de la Fuerza Pública en el municipio de El Peñol, Nariño, fueron dados de baja siete miembros de las disidencias de las antiguas Farc. El reporte fue presentado como parte del seguimiento que el Gobierno nacional hace a las acciones ofensivas contra los grupos armados que delinquen en esa región del sur del país.
Nariño es uno de los departamentos con mayor presencia histórica de estructuras armadas ilegales. En esa zona operan facciones disidentes que se apartaron del antiguo proceso de paz y que han mantenido disputas por el control territorial con otros grupos, además de economías ilegales ligadas al narcotráfico y la minería. El Peñol, en la subregión del Guambuyaco, ha sido escenario recurrente de acciones de la Fuerza Pública en los últimos años.
Durante el anuncio, el jefe de Estado lanzó una advertencia directa a esas organizaciones. Según la fuente, De La Espriella sostuvo que el Gobierno no se va a doblegar frente a la presión de esos grupos. La declaración se dio en un tono de firmeza institucional frente a la continuidad de la estrategia de seguridad en el suroccidente colombiano.
El reporte se conoce en un contexto de intensificación de la ofensiva militar en varias zonas del país donde las disidencias han incrementado su actividad. Las Fuerzas Militares y la Policía han mantenido operaciones conjuntas en Nariño, Cauca, Putumayo y Caquetá, departamentos que concentran buena parte de los combates contra esos grupos armados organizados.
Para los habitantes de El Peñol y municipios vecinos, los operativos de la Fuerza Pública tienen efectos directos en la seguridad cotidiana. Las comunidades campesinas e indígenas de la región han sido históricamente afectadas por los enfrentamientos, las restricciones a la movilidad y la presencia de artefactos explosivos en caminos veredales.
Desde el Gobierno nacional, la estrategia en Nariño ha combinado la presencia militar con la oferta institucional en los territorios. El reporte presidencial se suma a otros balances entregados en semanas anteriores, en los que se han mencionado capturas, neutralizaciones y decomisos de material de guerra en distintas zonas del departamento.
La advertencia del presidente se produce además en medio del debate nacional sobre la efectividad de las operaciones militares y los resultados medibles en materia de reducción de los indicadores de violencia. Sectores políticos y expertos en seguridad han planteado la necesidad de complementar la acción militar con políticas de presencia integral del Estado en los territorios más afectados.
Por ahora, las autoridades no han detallado públicamente las identidades de los siete neutralizados ni la unidad específica que adelantó la operación en El Peñol. Se espera que en los próximos días el comando militar de la región entregue un parte más completo con el lugar exacto de los hechos, los materiales incautados y el estado de las tropas que participaron en la acción.