El presidente Abelardo de La Espriella expresó su respaldo a Barranquilla en la disputa limítrofe que esa ciudad sostiene con Puerto Colombia por los sectores conocidos como Corredor Universitario y Villa Campestre. El pronunciamiento se produce en medio de un debate que llevaba años sin resolverse de manera definitiva.
Según la información publicada por El Tiempo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregó al Congreso de la República una propuesta técnica con el análisis del diferendo territorial entre ambos municipios. El documento busca servir como insumo para que el Legislativo adopte una decisión sobre el trazado del límite.
El IGAC es la entidad oficial encargada de levantar la cartografía del país y de conceptuar en materia de límites entre entidades territoriales. Su participación en este tipo de controversias busca aportar criterios técnicos y neutrales que permitan a las instancias políticas tomar decisiones con base en información verificable.
Puerto Colombia, por su parte, mantiene su posición frente al proceso. El municipio ha reclamado históricamente áreas que hoy son disputadas con Barranquilla, en una controversia que incluye zonas de expansión urbana y sectores de relevancia económica y académica como los mencionados Corredor Universitario y Villa Campestre.
El pronunciamiento del jefe de Estado se suma a la presión política para que el Congreso resuelva cuanto antes la delimitación. En Colombia, las disputas limítrofes entre municipios suelen prolongarse durante años, lo que genera inseguridad jurídica para los residentes, los propietarios de predios y los inversionistas en esas zonas.
La decisión final sobre los límites compete al Congreso, de acuerdo con el ordenamiento constitucional vigente, que establece que corresponde a esa Corporación definir la pertenencia de los territorios en disputa. El trámite legislativo implica el estudio de la propuesta del IGAC, la evaluación de los argumentos de ambos municipios y la posterior expedición de una ley.
Para los habitantes de los sectores en discusión, la definición del límite tiene efectos prácticos directos: determina a cuál alcaldía deben pagar impuestos, en qué municipio deben inscribir sus vehículos, dónde matriculan sus predios y bajo qué autoridad policial y judicial quedan. Mientras no haya una decisión, esas preguntas permanecen sin respuesta clara.
Con la entrega de la propuesta técnica del IGAC al Congreso, el expediente queda en manos del Legislativo. Queda por verse si la iniciativa se tramita con prioridad y si el pronunciamiento presidencial influye en el ritmo que adopten los congresistas al abordar el asunto en las próximas legislaturas.