El presidente Abelardo de la Espriella expresó su respaldo al proyecto de Ley Laura, una iniciativa que apunta a restringir los tratamientos de hormonización en personas menores de edad en Colombia. El anuncio se dio en el marco del impulso que el Gobierno ha dado a varias reformas sociales en los primeros meses de su mandato, según reportó La República.
De la Espriella calificó la ley como una herramienta indispensable frente a la hormonización temprana. En sus palabras, recogidas por el medio, la norma busca proteger a la infancia de decisiones médicas que, según su criterio, deben reservarse para cuando los involucrados alcancen la mayoría de edad y puedan decidir con plena autonomía.
La Ley Laura hace parte del conjunto de proyectos que el Congreso tiene en estudio y que tocan temas de salud pública, derechos de la infancia y bioética. El proyecto responde a un debate que ha ganado fuerza en varios países sobre los protocolos médicos aplicados a menores con disforia de género, un asunto que en Colombia ha sido discutido por sociedades científicas, gremios médicos y organizaciones de derechos humanos.
En el plano institucional, la norma, de aprobarse, obligaría a actualizar los protocolos de atención en clínicas y hospitales, y a redefinir la responsabilidad de los profesionales de salud frente a tratamientos que hoy se practican con el consentimiento de los padres. Sectores como la comunidad médica han pedido que cualquier cambio se sustente en evidencia científica y en criterios de protección integral.
La iniciativa también ha generado reacciones en organizaciones que defienden los derechos de personas trans, que piden que se diferencie entre los distintos tipos de intervención y que se respete el acompañamiento psicológico a los menores. La discusión abre un debate entre el principio de protección a la infancia y el reconocimiento de la autonomía progresiva de los adolescentes.
Para los ciudadanos, el proyecto, de convertirse en ley, tendría efectos directos sobre el acceso a ciertos servicios de salud, sobre los trámites que realizan las familias y sobre la formación del personal médico. Padres, madres y adolescentes tendrían que conocer con precisión qué procedimientos quedan permitidos y cuáles quedarían restringidos hasta cumplir los 18 años.
El respaldo presidencial se suma al de varios legisladores que han impulsado la propuesta desde su radicación. Ahora queda pendiente el trámite en comisiones, los debates en plenaria y la conciliación del texto antes de pasar a sanción presidencial, un camino que suele tomar varios meses en el Congreso colombiano.
Por ahora, el Gobierno no ha anunciado un plazo concreto para que el Congreso priorice el debate. Sectores afines al proyecto pidieron que se agilice su estudio, mientras que voces críticas pidieron que se abra un espacio de audiencias públicas con especialistas antes de tomar una decisión definitiva.