El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la decisión de su Gobierno de reducir el presupuesto asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y rechazó de plano que se trate de una retaliación contra ese tribunal transitorio creado por el Acuerdo de Paz de 2016. Sus declaraciones fueron recogidas por El Espectador.
La pregunta central que planteó el Jefe de Estado fue directa y quedó formulada como una interpelación a la propia JEP: "¿Por qué necesita más dinero?". Con esa frase, el Mandatario puso en cuestión el nivel de gasto del organismo de justicia transicional y sugirió que el recorte responde a una necesidad de ajuste fiscal y no a un ánimo de represalia política.
De la Espriella fue más allá y negó enfáticamente que su Administración esté adelantando una "política de venganza contra la JEP". La frase busca desactivar las lecturas según las cuales el ajuste presupuestal sería una forma de debilitar a la jurisdicción que investiga los peores crímenes del conflicto armado colombiano.
La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición surgido de los acuerdos entre el Estado colombiano y las extintas Farc. Su tarea es investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos por agentes del Estado y por excombatientes en el marco del conflicto, con penas que pueden incluir restricciones efectivas de libertad para quienes aporten verdad plena.
El cruce entre el Ejecutivo y la JEP se produce en un momento sensible para la implementación del Acuerdo de Paz, un proceso que distintos organismos internacionales y agencias de cooperación han acompañado. Cualquier discusión sobre el presupuesto de la jurisdicción reabre el debate sobre la sostenibilidad financiera de los compromisos pactados en La Habana.
La réplica del Presidente también llega después de que distintos sectores políticos y organizaciones de víctimas expresaran preocupación por eventuales recortes a entidades del sistema de justicia transicional. Para esas voces, los recursos de la JEP no son un gasto corriente sino una inversión en verdad y reparación, pilares del proceso de transición que vive el país.
Desde la perspectiva del Gobierno, en cambio, la revisión del presupuesto de las entidades públicas forma parte de la gestión habitual del Estado y de la búsqueda de eficiencia en el gasto. La pregunta que dejó planteada De la Espriella apunta a abrir una discusión sobre prioridades dentro de las instituciones que hacen parte del acuerdo.
El episodio deja en evidencia que la relación entre el Ejecutivo y la JEP seguirá siendo un tema de seguimiento ciudadano. Queda por verse si la jurisdicción recibirá los recursos adicionales que solicita o si la decisión presupuestal se mantiene tal como fue anunciada, y cuál será la respuesta formal del tribunal a las palabras del Presidente.
Por ahora, el mensaje del Mandatario es de carácter político: separar la decisión presupuestal de cualquier ánimo de retaliación y, al mismo tiempo, interrogar públicamente el uso de los recursos por parte de un organismo clave para la justicia transicional en Colombia.