El presidente electo Abelardo de La Espriella se pronunció sobre las versiones que circularon en los últimos días respecto a una eventual salida de Colombia del sistema interamericano de derechos humanos. La respuesta se produjo luego de que el senador Ariel Ávila formulara señalamientos públicos sobre el tema.
De acuerdo con el reporte de Asuntos Legales, De La Espriella contestó los cuestionamientos del legislador, pero no entró a detallar ni a desmentir de manera puntual la propuesta que, según las acusaciones recogidas, habría sido impulsada por su estratega Carlos Suárez. Esa ausencia de aclaración se convirtió en uno de los puntos centrales de la discusión.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, es uno de los órganos del sistema interamericano creado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como Pacto de San José. Su competencia se extiende a los países que han reconocido su jurisdicción contenciosa, entre los cuales se encuentra Colombia desde finales del siglo pasado.
Retirar a Colombia de la Cidh implicaría, en la práctica, denunciar la Convención Americana, un paso que varios Estados de la región han debatido en distintas coyunturas. En el país, el debate sobre la permanencia en el sistema interamericano ha estado asociado a fallos relacionados con el conflicto armado, la justicia transicional y la responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos.
La figura del estratega Carlos Suárez, mencionada en el reporte, ha estado vinculada al equipo político del presidente electo en temas de comunicación y consultoría. La falta de una referencia explícita en el pronunciamiento de De La Espriella sobre la propuesta atribuida a Suárez deja abierta la pregunta sobre si el contenido circulado representa una línea oficial del gobierno que comienza o una idea todavía en discusión interna.
El senador Ariel Ávila, autor de los señalamientos, ha sido un congresista cercano a temas de derechos humanos y de seguimiento a la política de seguridad. Su intervención le dio resonancia al debate y lo trasladó a la opinión pública en un momento en el que el país está en transición entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el inicio del período presidencial de De La Espriella.
Para la ciudadanía, el punto central es qué efectos tendría una eventual denuncia de la Convención Americana. Entre las consecuencias que suelen mencionarse en este tipo de debates están el cierre del acceso a la jurisdicción contenciosa de la Cidh y el fin de la obligación del Estado colombiano de cumplir sus sentencias, así como el impacto sobre las víctimas que actualmente tramitan casos ante ese tribunal.
Organizaciones de derechos humanos y víctimas del conflicto armado suelen alertar que un retiro del sistema interamericano reduciría los espacios internacionales de protección. En el otro extremo, sectores que critican a la Cidh consideran que sus fallos exceden competencias o desconocen la soberanía nacional, y respaldan el abandono del organismo.
Por ahora, el pronunciamiento de De La Espriella responde a los señalamientos del senador, pero deja pendientes dos preguntas: si la propuesta atribuida a Carlos Suárez refleja una posición de gobierno y, de ser así, cuál sería la ruta institucional para materializarla. El tema seguramente hará parte de la agenda de los primeros meses de la nueva administración.
La fuente consultada, Asuntos Legales, registró el cruce de declaraciones entre el presidente electo y el senador, y dejó consignado que la respuesta de De La Espriella no abordó de manera directa la propuesta señalada por Ávila.