El presidente Abelardo de la Espriella anunció la reactivación de las Fuerzas de Tarea Conjuntas, una figura de coordinación militar que el país ya había empleado en ciclos previos de la confrontación armada. Según reportó Cambio Colombia, el despliegue inicial contempla 1.200 uniformados dedicados a perseguir al ELN y a golpear sus fuentes de financiamiento.
Las Fuerzas de Tarea Conjuntas agrupan unidades del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional bajo un mando unificado. Su propósito es evitar la fragmentación operativa entre fuerzas y permitir golpes simultáneos en distintas regiones donde actúa un mismo grupo armado. La decisión del Gobierno implica que esa arquitectura, creada por decretos del Ministerio de Defensa, vuelve a operar como eje de la estrategia antisubversiva.
La elección del ELN como objetivo central responde al momento que vive esa guerrilla. El grupo mantiene presencia en zonas de Arauca, Catatumbo, Chocó y sur de Bolívar, entre otras, y combina acciones militares con economías ilegales como el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Atacar sus finanzas significa priorizar la interrupción de esas rentas, no solo los combates en campo.
Para los ciudadanos, el anuncio tiene efectos prácticos en regiones donde el ELN disputa control territorial. Una mayor presencia militar puede traducirse en restricciones a la movilidad, retenes y operativos en áreas rurales, que suelen afectar a comunidades campesinas y a poblaciones confinadas. Organizaciones de derechos humanos han advertido en el pasado que las operaciones concentradas en zonas pobladas elevan el riesgo de hechos victimizantes contra civiles.
El relanzamiento de las Fuerzas de Tarea Conjuntas también reabre un debate de fondo sobre la política de seguridad. En administraciones previas, este esquema se usó contra las FARC durante los años 2000 y posteriormente contra estructuras del crimen organizado. Críticos sostienen que tiende a militarizar territorios sin una estrategia civil paralela, mientras que sus defensores argumentan que la fragmentación entre fuerzas había debilitado la respuesta estatal.
El gobierno de De la Espriella no ha detallado aún la zona específica donde arrancarán los operativos ni la duración prevista del despliegue. Tampoco se conoce si la decisión fue consultada con la mesa de diálogo que en periodos anteriores se intentó instalar con el ELN, o si marca el fin de cualquier intento de negociación con esa guerrilla.
En materia institucional, la medida exige coordinación con la Fiscalía y con la justicia penal militar y ordinaria, pues los golpes a finanzas del ELN suelen sustentarse en investigaciones por lavado de activos y extinción de dominio. Sin ese componente judicial, los capturados y los bienes intervenidos pueden recuperar la libertad o volver a manos de organizaciones criminales.
Por ahora, el Ejecutivo deja en el aire preguntas clave: cuál será el papel de la Policía en los operativos, si habrá medidas de protección reforzadas para líderes sociales en zonas de despliegue y cómo se financiará la operación en un marco fiscal ya ajustado. La ciudadanía en regiones afectadas por el ELN seguirá de cerca si el anuncio se traduce en mayor seguridad o en nuevos riesgos para la población civil.