El presidente Abelardo de la Espriella ha presentado su política de seguridad como una de las principales victorias de su Gobierno. Sin embargo, los datos disponibles hasta ahora muestran resultados que, lejos de marcar un punto de inflexión, se ubican por debajo de los promedios registrados en los últimos años.
Según el reporte citado por EL PAÍS, las cifras de droga incautada son 45 % inferiores al promedio reciente. El decomiso de armas, otro de los indicadores habituales para medir la efectividad de la fuerza pública contra el crimen organizado, cayó 11,6 % en comparación con ese referente. La brecha entre el discurso oficial y los números resulta notoria.
El reporte de capturas es el tercer punto de tensión. Las cifras que el Gobierno expone como resultado de su estrategia no se corresponden con los registros oficiales que manejan las entidades encargadas de contabilizar las detenciones. Esa diferencia, de acuerdo con la fuente, no ha sido explicada de manera pública por la Casa de Nariño ni por el Ministerio de Defensa.
Para entender el peso de esos indicadores conviene recordar qué miden. La droga incautada es una de las principales métricas del éxito operativo contra el narcotráfico, que sigue siendo la mayor amenaza a la seguridad en zonas rurales y uno de los principales motores de violencia del país. El decomiso de armas, por su parte, refleja la capacidad del Estado para debilitar las estructuras armadas ilegales. Y el reporte de detenidos da cuenta de la presión directa sobre los miembros de esas organizaciones.
La política de seguridad nacional se diseñó sobre la continuidad de varias líneas ya en ejecución. Por eso, para medir su verdadero alcance, la comparación más exigente es con el periodo anterior, no con la década pasada. En esa comparación directa, los datos conocidos no respaldan el salto cualitativo que el Gobierno comunica en sus intervenciones públicas.
El contraste entre la narrativa y los registros tiene implicaciones prácticas para la ciudadanía. La confianza en las cifras de seguridad suele traducirse en percepción de orden y en inversión privada. También incide en la cooperación internacional, donde los socios del país suelen condicionar apoyo logístico y financiero a indicadores concretos de resultados.
Por ahora, la oposición en el Congreso y distintos analistas han pedido que el Ministerio de Defensa publique las cifras desglosadas y las metodologías de cálculo para cerrar la discusión. Hasta que eso ocurra, la distancia entre lo que el Gobierno afirma y lo que muestran los registros seguirá alimentando el debate sobre el rumbo de la política de seguridad.
Quedan pendientes la conciliación pública de los datos de capturas, la explicación sobre la caída en decomisos y la definición de nuevas metas verificables para los próximos meses. La evaluación final de la estrategia dependerá de si los próximos reportes corrigen la brecha que dejó esta primera rendición de cuentas.