El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que varias Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia serán liquidadas, según reportó Valora Analitik. El anuncio introduce un cambio en el modelo de financiamiento del sistema de salud y reorienta la relación entre el Estado, los usuarios y los prestadores de servicios.
Las EPS son las encargadas de afiliar a los colombianos al sistema de salud y de canalizar los recursos de la Unidad de Por Capitación (UPC) hacia clínicas, hospitales y profesionales. Su liquidación implica que el Gobierno deberá definir qué entidades asumen la gestión de los afiliados y los pagos pendientes.
LaDeclaración presidencial se produce en un contexto de tensiones acumuladas en el sector. Problemas de liquidez, deudas entre agentes del sistema y quejas de los usuarios por barreras de acceso han sido tema recurrente en los debates sobre la salud en Colombia durante los últimos años.
Con el cambio de modelo de financiamiento, las fuentes de recursos y la forma de pago a los prestadores se modificarían. Por ahora el Gobierno no ha detallado públicamente los mecanismos que sustituirán a las EPS ni los plazos para la transición, aspectos clave para usuarios, trabajadores del sector y proveedores.
La decisión afecta de manera directa a los millones de colombianos afiliados al régimen contributivo y al régimen subsidiado que hoy son gestionados por las EPS intervenidas. También impacta a clínicas, hospitales, profesionales independientes y proveedores de medicamentos, que dependen de los flujos de pago de estas entidades.
Desde el sector salud se han expresado voces a favor y en contra de intervenciones a las EPS. Algunos gremios han pedido estabilidad en las reglas de juego y claridad en las deudas pendientes, mientras otros actores han respaldado la idea de reorganizar el sistema para reducir la intermediación y mejorar la atención al usuario.
El proceso de liquidación de una EPS en Colombia pasa por la Superintendencia Nacional de Salud, que evalúa las condiciones financieras y operativas de cada entidad. Una vez ordenada la liquidación, se designa un liquidador que se encarga de pagar acreencias, trasladar usuarios y entregar el balance final.
El reto inmediato del Gobierno será garantizar la continuidad del servicio de salud para los afiliados durante la transición. También deberá definir cómo se distribuirán los riesgos financieros que hoy concentran las EPS y qué papel jugarán los actores públicos y privados en el nuevo esquema.
Queda pendiente la publicación de los decretos, resoluciones y cronogramas que harán operativo el anuncio presidencial. La magnitud de la reforma dependerá de cuántos afiliados queden bajo nuevas administradoras y de la rapidez con la que se resuelvan los contratos, deudas y plantillas de personal en cada proceso de liquidación.