El presidente Abelardo de la Espriella descartó de manera categórica la posibilidad de adelantar negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional y advirtió que no se permitirá ningún tipo de canje con esa guerrilla, según informó NTN24. La frase, dirigida al grupo armado, fue resumida por el propio mandatario con la expresión "que les quede claro, no habrá canje".
El pronunciamiento se produce en un contexto en el que el ELN ha sido señalado por las autoridades como responsable de múltiples acciones violentas en distintas regiones del país, entre ellas secuestros, atentados contra la infraestructura y ataques a la Fuerza Pública. La guerrilla, fundada en los años sesenta, es considerada una de las organizaciones insurgentes activas con mayor presencia territorial.
De la Espriella, quien asumió la Presidencia de Colombia en 2025, ha construido parte de su discurso en torno a la seguridad y la lucha contra los grupos armados que persisten en el territorio nacional. En sus primeras intervenciones, el jefe de Estado ha reiterado que su administración no repetirá los errores de gobiernos anteriores frente a la criminalidad organizada.
La negativa a negociar contrasta con los acercamientos que distintos gobiernos han intentado con el ELN a lo largo de las últimas décadas, incluida la mesa de diálogos instalada en 2017 y que atravesó múltiples crisis antes de su ruptura. En esa experiencia, las Fuerzas Militares retomaron las operaciones ofensivas contra el grupo armado, en medio de señalamientos sobre incumplimientos de los acuerdos por parte de la guerrilla.
Para los ciudadanos, la decisión presidencial tiene implicaciones directas. En las zonas donde el ELN mantiene presencia, comunidades enteras han vivido durante años bajo el control coercitivo de esa guerrilla, con restricciones a la movilidad, amenazas a líderes sociales y afectación a economías locales como la minería, el comercio y la agricultura. La postura del Gobierno puede traducirse en una escalada de las operaciones militares en esas regiones.
Sectores políticos y expertos en seguridad han reaccionado al anuncio con posiciones divididas. Mientras algunos respaldan la línea de mano firme por considerar que el ELN ha utilizado las mesas de diálogo para fortalecerse militarmente, otros advierten que la ausencia total de canales de comunicación puede dificultar la liberación de secuestrados y la atención de crisis humanitarias en los territorios.
El Gobierno no ha detallado hasta el momento la estrategia específica que seguirá frente al ELN, aunque se espera que la política de seguridad integral sea presentada en las próximas semanas, con un componente orientado a la protección de la población civil y al desmantelamiento de las estructuras armadas que delinquen en los departamentos con mayor índice de violencia.
Mientras tanto, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional mantienen operaciones activas en varias zonas del país. Analistas consultados coinciden en que el éxito de la política de seguridad dependerá de la capacidad estatal para garantizar presencia institucional en los territorios históricamente afectados por el conflicto, más allá del esfuerzo militar.
La declaración del presidente marca un punto de partida claro frente al ELN y deja abierta la pregunta sobre cuál será el camino para atender a las comunidades víctimas de esa guerrilla, un asunto que el Gobierno tendrá que resolver en los próximos meses con políticas concretas en materia de justicia, reparación y protección.