El presidente Abelardo de La Espriella adoptó una decisión respecto a los colombianos que se encuentran detenidos en Estados Unidos por su participación en el asesinato del presidente de Haití, según informó RED+ Noticias. El caso involucra a un grupo de exmilitares colombianos que fueron capturados tras el magnicidio.
El magnicidio ocurrió en julio de 2021, cuando un comando armado asesinó al presidente haitiano Jovenel Moïse en su residencia de Puerto Príncipe. Entre los detenidos por las autoridades haitianas y posteriormente entregados a Estados Unidos figuraban más de una decena de ciudadanos colombianos, en su mayoría exintegrantes del Ejército Nacional.
El expediente judicial reveló que varios de los detenidos habían sido entrenados por el cuerpo de élite del Ejército colombiano, como confirmaron versiones oficiales del Ministerio de Defensa de Colombia en su momento. Las autoridades estadounidenses procesaron a los sospechosos por cargos que incluyen conspiración para cometer asesinato y tráfico de armas.
La decisión del presidente se conoce en un momento en el que la situación jurídica de los connacionales atraviesa distintas instancias judiciales en territorio estadounidense. El caso ha generado atención por tratarse de exuniformados que prestaron servicio en Colombia antes de vincularse a operaciones privadas en el extranjero.
El hecho también reabrió el debate sobre la presencia de militares y exmilitares colombianos en misiones de seguridad privada fuera del país. Organizaciones de derechos humanos han cuestionado la actuación de estas empresas y han pedido mayor regulación sobre el reclutamiento de personal con experiencia en conflictos armados.
En Colombia, el expediente ha sido seguido por la Jurisdicción Especial para la Paz, que abrió un caso para investigar la posible participación de excombatientes de las Fuerzas Armadas en hechos ocurridos en el exterior. La JEP ha solicitado información a las autoridades de Haití, Estados Unidos y Colombia para establecer responsabilidades.
Según la fuente, la decisión presidencial se orienta a definir la posición del Gobierno frente al acompañamiento consular y jurídico de los detenidos. La Cancillería colombiana ha prestado asistencia a los connacionales desde el inicio del proceso, en coordinación con abogados defensores en Estados Unidos.
El caso de los colombianos procesados en Estados Unidos continúa en etapa judicial, con varios de los acusados a la espera de sentencias. Las autoridades norteamericanas han mantenido la custodia de los detenidos en centros federales, mientras avanzan los procesos por separado contra los sospechosos haitianos y de otras nacionalidades.
Queda por conocer el alcance exacto de la decisión presidencial y su efecto en la asistencia que el Estado colombiano brinda a los detenidos. También se espera que el Gobierno informe si habrá nuevas medidas diplomáticas o judiciales en el marco de la cooperación con Washington en este expediente.