Razón Pública publicó un análisis titulado “De la Espriella: ¿un Bukele en Colombia?”, en el que retoma una declaración reciente del ahora presidente Abelardo de la Espriella. Según el extracto disponible, el entonces candidato envió hace algunos meses un ultimátum dirigido a los “actores armados no estatales” (AANE), es decir, a las guerrillas, disidencias y grupos criminales que aún operan en el territorio colombiano.
La frase recogida por la revista es breve pero categórica: habla de un ultimátum, lo que implica una advertencia con plazo definido y una consecuencia si no se cumple. Aunque el extracto no precisa el contenido literal del mensaje, sí deja claro que se trata de una comunicación directa del candidato hacia esas organizaciones, y no de una declaración genérica sobre seguridad.
El análisis lo pone en perspectiva al compararlo con el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, conocido por sus mensajes frontal contra las pandillas y por políticas como el régimen de excepción. Razón Pública no afirma que De la Espriella haya copiado ese modelo, pero sí pregunta si el tono y la lógica del ultimátum se parecen a los del líder salvadoreño, una referencia inevitable cuando se habla de mano firme frente al crimen.
En Colombia, los “actores armados no estatales” agrupan al ELN, a las disidencias de las antiguas FARC, al Clan del Golfo y a bandas criminales regionales. La presencia de estos grupos explica por qué la seguridad ha sido un eje central de la campaña y de los primeros movimientos del nuevo gobierno. Un pronunciamiento de ese tipo, dirigido a todos ellos a la vez, no tiene antecedentes recientes en la política colombiana.
El artículo recuerda que, durante años, los gobiernos han combinado presión militar con procesos de diálogo, en especial con el ELN. Un ultimátum rompe con esa lógica de negociación abierta y se acerca más a la vía de la confrontación total. Esa decisión, si se mantiene en el gobierno, tendrá efectos sobre las comunidades que viven en zonas de presencia de esos grupos, donde la población civil suele quedar atrapada entre los armados y la fuerza pública.
La publicación también pone sobre la mesa la preocupación por los límites del Estado de derecho. Bukele ha sido cuestionado por organismos internacionales por arrestos masivos y por el debilitamiento de garantías judiciales. Razón Pública no asegura que ese sea el camino de De la Espriella, pero sí abre la pregunta: ¿se trata de un giro discursivo para la campaña o del anticipo de una política de seguridad que se inspira en el modelo salvadoreño?
Para la ciudadanía, el punto central es práctico. Un ultimátum de ese tipo suele ir acompañado de operaciones militares intensivas, restricciones en zonas afectadas y cambios en la estrategia de las Fuerzas Militares y de Policía. Las consecuencias las pagan, en primer lugar, los habitantes de los municipios donde esos grupos tienen presencia, así como los soldados y policías que participan en las operaciones.
El análisis de Razón Pública es de opinión, pero parte de un hecho verificable: la existencia del ultimátum enviado por De la Espriella. A partir de ahí, el texto debate sobre el rumbo que podría tomar la seguridad en el país durante su mandato. Queda por verse si esa advertencia se traduce en una política pública concreta y bajo qué reglas operará.
Por ahora, el artículo cumple una función de contexto. Recuerda a los lectores que el discurso del nuevo presidente sobre los grupos armados ya tiene un antecedente claro y que el modelo Bukele está en el debate. La ciudadanía, las Fuerzas Armadas y los organismos de control estarán atentos a cómo se concretan esas palabras en acciones dentro del marco legal colombiano.