El presidente Abelardo de la Espriella elevó ante el Congreso una solicitud para que la familia Torres quede por fuera del proceso de deslinde de tierras que se adelanta entre Barranquilla y Puerto Colombia. La petición fue reportada por El Espectador, que publicó el extracto de la solicitud presidencial.
El deslinde de tierras es un trámite técnico y jurídico que busca definir los límites exactos entre municipios colindantes. En el caso de Barranquilla y Puerto Colombia, ese proceso tiene relevancia porque en la franja en disputa confluyen predios urbanos, áreas de expansión y terrenos con valor comercial y turístico en el departamento del Atlántico.
Sobre la zona pesan intereses de la familia Torres, un grupo empresarial con presencia histórica en la región Caribe. La familia ha estado vinculada a negocios inmobiliarios, agroindustriales y de servicios, lo que la convierte en un actor con peso en las decisiones sobre uso del suelo en esa zona del país.
La intervención presidencial se dirige al Congreso y no a una autoridad local o regional, lo que sugiere que el Gobierno busca que el trámite se despeje de presiones de grupos privados con intereses económicos en el territorio. El Espectador reportó que el jefe de Estado pidió evitar la injerencia de ese clan en el deslinde.
Para los ciudadanos de Barranquilla y Puerto Colombia, el resultado del deslinde puede definir a qué municipio pertenecen barrios, predios y zonas en desarrollo, lo que a su vez incide en el cobro de impuestos, la planificación urbana y la prestación de servicios públicos. La disputa por el límite intermunicipal lleva años generando tensiones administrativas en la zona.
En el Congreso la solicitud será estudiada por las comisiones constitucionales pertinentes, que deberán evaluar el alcance de la petición presidencial. Hasta ahora no se conocen reacciones públicas de la familia Torres ni de los alcaldes de los dos municipios involucrados, según el extracto divulgado por El Espectador.
El paso dado por el Gobierno pone el foco en la transparencia del deslinde y en el papel de los actores privados con intereses sobre la tierra. Queda por verse si el Congreso acoge el pedido presidencial y si el proceso técnico avanza sin nuevas intervenciones de los grupos económicos que han estado vinculados a la zona en disputa.