Habitantes de zonas rurales del Valle del Cauca manifiestan su preocupación por el posible regreso de los bombardeos aéreos y la fumigación de cultivos de coca, según reporta La Vanguardia. El temor surge en un contexto de transición entre dos modelos opuestos de polÃtica de drogas y seguridad en Colombia.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se implementó la llamada paz total como marco central de la polÃtica de seguridad. Esa estrategia buscó, entre otros puntos, reducir las operaciones militares de gran escala contra organizaciones armadas y suspender las aspersiones aéreas con glifosato sobre cultivos ilÃcitos.
Con la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, el enfoque cambió hacia lo que su administración denomina guerra total. Bajo este mandato se reactivaron mecanismos de presión militar sobre los grupos armados y los eslabones de la cadena del narcotráfico, lo que incluye los bombardeos y la aspersión quÃmica que hoy inquietan a los campesinos.
Los pequeños productores agropecuarios de la región advierten que la diferencia entre un cultivo lÃcito y uno ilÃcito no siempre es clara en el terreno. Señalan que las fumigaciones y los operativos pueden afectar sus cosechas, sus animales y sus hogares, sin importar si están vinculados o no al cultivo de coca.
En el Valle del Cauca, uno de los departamentos con mayor producción de coca del paÃs, las comunidades campesinas han vivido de cerca tanto los operativos de erradicación como los efectos de la violencia asociada al narcotráfico. Esa historia reciente alimenta el recelo actual frente a las decisiones del nuevo gobierno.
El cambio de polÃtica implica también el regreso de la aspersión aérea con glifosato, suspendida durante varios años. Organizaciones campesinas y ambientales han cuestionado en el pasado los efectos de ese quÃmico sobre la salud y los suelos, un debate que vuelve a quedar sobre la mesa.
Para los gremios agropecuarios del Valle del Cauca, la incertidumbre sobre qué zonas serán intervenidas y con qué métodos genera un clima difÃcil para la inversión y la planeación de cosechas. Pidieron al gobierno nacional claridad sobre los protocolos y las compensaciones en caso de afectaciones.
Desde el sector oficial se ha defendido la necesidad de recuperar el control territorial y reducir los cultivos de uso ilÃcito como parte de la lucha contra el crimen organizado. La administración de De la Espriella sostiene que la guerra total apunta a desarticular las finanzas de los grupos armados que dependen de la coca.
Queda pendiente cómo se articularán las Fuerzas Militares, los campesinos y las autoridades locales en las zonas donde se retomen las operaciones. El éxito o el fracaso de esa coordinación será clave para determinar si el regreso de los bombardeos y la fumigación logra sus objetivos sin profundizar el desplazamiento y laconflictividad en el campo.
Por ahora, los habitantes rurales del Valle del Cauca esperan que el gobierno defina con precisión las áreas de intervención y abra canales de comunicación directa con las comunidades, para evitar que la estrategia de seguridad termine golpeando a quienes viven del trabajo de la tierra, y no a las estructuras del narcotráfico.