--- title: "El gobierno de Abelardo de la Espriella inicia su mandato con una ofensiva militar en Catatumbo y Cauca" description: "El nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella arrancó con operaciones militares de gran escala en regiones como el Catatumbo y el Cauca, tras el fracaso de las negociaciones previas. La población civil queda en medio del fuego cruzado entre la fuerza pública y los grupos armados." image: "https://abelardopresidente.co/media/de-las-negociaciones-fallidas-a-los-ataques-masivos-asi-comienza-la-era-militar.webp" date: "2026-08-19T15:18:42Z" area: "Seguridad" calificacion: "Neutral" fuente: "La FM" canonical: "https://abelardopresidente.co/noticia/de-las-negociaciones-fallidas-a-los-ataques-masivos-asi-comienza-la-era-militar" --- # El gobierno de Abelardo de la Espriella inicia su mandato con una ofensiva militar en Catatumbo y Cauca > El nuevo gobierno del presidente Abelardo de la Espriella arrancó con operaciones militares de gran escala en regiones como el Catatumbo y el Cauca, tras el fracaso de las negociaciones previas. La población civil queda en medio del fuego cruzado entre la fuerza pública y los grupos armados. - Fecha: 2026-08-19T15:18:42Z - Área: Seguridad - Calificación del observatorio: **Neutral** (confianza 4%, baja confianza: se mantiene neutral) - Por qué: El gobierno de Abelardo de la Espriella inicia con una ofensiva militar en zonas como el Catatumbo y el Cauca, donde comunidades civiles quedan expuestas al fuego cruzado, según la fuente. - Fuente original: [La FM](https://www.lafm.com.co/orden-publico/gobierno-abelardo-espriella-operaciones-militares-grupos-armados-bombardeos-fuerza-publica-408312) - URL canónica: https://abelardopresidente.co/noticia/de-las-negociaciones-fallidas-a-los-ataques-masivos-asi-comienza-la-era-militar El primer día del gobierno de Abelardo de la Espriella se caracterizó por el despliegue de una ofensiva militar abierta contra los grupos armados que operan en el Catatumbo y en el Cauca. Según el reporte de La FM, la estrategia marca un giro frente a la fase de conversaciones que se agotó sin acuerdos, y da paso a una etapa de presión militar directa sobre las estructuras ilegales que hacen presencia en esas zonas. El contexto regional es determinante. El Catatumbo, en Norte de Santander, y las zonas rurales del Cauca han sido durante años escenario de disputas entre el Estado, grupos armados y comunidades campesinas e indígenas. Las cifras de desplazamiento, confinamientos y hechos violentos contra la población civil se han mantenido elevadas en los últimos años en estos territorios, lo que explica la sensibilidad social de cada operación que allí se ejecuta. De acuerdo con la fuente, las comunidades locales son las principales afectadas por el fuego cruzado. Los habitantes de zonas rurales quedan expuestos a combates, restricciones a la movilidad y el riesgo constante de quedar atrapados entre las tropas y los grupos armados que intentan mantener el control territorial. Organizaciones de derechos humanos suelen advertir que la intensidad de las operaciones militares trae consigo un aumento de los desplazamientos forzados y de las denuncias por afectación a civiles. El viraje hacia una estrategia militar responde, según el relato de La FM, al cierre de un ciclo de diálogos que no arrojó resultados concretos. En pasadas administraciones, los intentos de negociación con estructuras como el ELN y las disidencias de las FARC atravesaron múltiples crisis, con episodios de suspensión y señalamientos cruzados por incumplimiento de los acuerdos. La nueva administración tomó la decisión de abandonar esa vía y privilegiar las acciones ofensivas de las Fuerzas Militares. La decisión implica un cambio de prioridades en el manejo del orden público. Recursos logísticos, inteligencia y pie de fuerza se concentran en las zonas priorizadas, lo que suele traducirse en un aumento de operaciones aéreas, bombardeos y operativos terrestres coordinados entre el Ejército, la Fuerza Aérea y, en algunos escenarios, la Policía. El gobierno busca recuperar el control estatal sobre corredores estratégicos que hoy están en disputa. Para los habitantes de municipios como Tibú, Sardinata, El Tarra, Toribío o Miranda, el inicio de operaciones a gran escala trae consigo una mezcla de expectativa y preocupación. La expectativa se alimenta de la promesa oficial de mayor presencia institucional, mientras la preocupación se explica por los riesgos que históricamente han enfrentado las comunidades cuando el conflicto se intensifica, especialmente la población indígena, campesina y afrodescendiente. En el plano institucional, la ofensiva obliga a articular respuestas en protección, atención a víctimas y presencia del Estado más allá de lo militar. Ministerios como el del Interior y la Unidad para las Víctimas suelen activarse de manera paralela a las operaciones para atender emergencias, registrar desplazamientos y canalizar ayudas humanitarias. La eficacia de esa articulación suele ser determinante para que la población no quede desprotegida en medio de los combates. En el ámbito internacional, las operaciones contra grupos armados en Colombia son seguidas de cerca por organismos como la ONU, la CIDH y países que participan como acompañantes o garantes en distintos procesos de paz. Una escalada militar sostenida puede modificar el tono de la cooperación internacional y abrir debates sobre la necesidad de mantener canales humanitarios y de protección a líderes sociales y excombatientes. Quedan varios interrogantes sobre el rumbo que tomará la política de seguridad del nuevo gobierno. Entre ellos, si la ofensiva militar abrirá paso a una fase de reconstrucción social en los territorios afectados, si se retomarán diálogos parciales con algún grupo armado, y cómo se garantizará la protección de la población civil mientras avanzan las operaciones. La respuesta a estas preguntas marcará el carácter del mandato en materia de orden público. Por ahora, el primer mensaje del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia de seguridad es claro: el camino diplomático se agotó y la prioridad es la acción militar. Las comunidades del Catatumbo y del Cauca observan de cerca si ese viraje traerá consigo una mayor presencia integral del Estado o si, como ha ocurrido en otros episodios, la población seguirá pagando los costos del enfrentamiento armado. La cobertura de La FM sobre el inicio de esta nueva etapa dejó en evidencia que la transición de la negociación a la ofensiva no se presenta como un hecho aislado, sino como la culminación de un ciclo corto de intentos de diálogo que no prosperaron. La apuesta, según la fuente, es que la presión militar constante genere condiciones diferentes para el orden público en las regiones más golpeadas por el conflicto. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué regiones son el foco principal de la ofensiva militar? Según La FM, las operaciones se concentran en el Catatumbo, en Norte de Santander, y en zonas rurales del Cauca, dos regiones históricamente afectadas por la presencia de grupos armados y los efectos del conflicto sobre la población civil. ### ¿Por qué el nuevo gobierno pasó de la negociación a los ataques masivos? La fuente indica que los intentos de diálogo previos no arrojaron resultados concretos, lo que llevó al gobierno de Abelardo de la Espriella a abandonar la vía diplomática y privilegiar las operaciones militares abiertas contra las estructuras armadas. ### ¿Cómo afecta a las comunidades civiles el inicio de esta ofensiva? Las comunidades quedan expuestas al fuego cruzado, a restricciones de movilidad y a un mayor riesgo de desplazamientos forzados y confinamientos. Las poblaciones indígenas y campesinas son particularmente vulnerables en estas zonas. ### ¿Qué papel juegan las Fuerzas Militares en esta nueva etapa? Las Fuerzas Militares concentran recursos logísticos, de inteligencia y operativos en las zonas priorizadas, con acciones coordinadas entre el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía para recuperar el control estatal sobre los corredores en disputa. --- Publicado por [Abelardo Presidente](https://abelardopresidente.co), observatorio ciudadano y neutral del gobierno de Colombia. Cada hecho cita su fuente y se califica por impacto verificable, no por posición política.