La Jurisdicción Especial para la Paz quedó en el centro de un nuevo cruce político. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de La Espriella, expresó su respaldo a la propuesta del candidato Enrique Gómez de reducir el presupuesto asignado al tribunal de paz, según el extracto periodístico que circuló este lunes.
La reacción no se hizo esperar en la cabeza de la JEP. Su presidente, Alejandro Ramelli, reconoció que la jurisdicción analiza mecanismos para evitar lo que calificó como una eventual parálisis operativa, en caso de que la reducción presupuestal se concrete en el trámite legislativo correspondiente.
La JEP es el componente de justicia transicional del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC. Su tarea es investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario cometidas en el marco del conflicto armado.
El funcionamiento de la jurisdicción depende de recursos asignados por el Presupuesto General de la Nación. Un recorte sostenido podría afectar el pago de personal, los estudios de casos, las audiencias y el sistema de participación de víctimas, según han advertido en otras ocasiones organizaciones de derechos humanos y expertos en justicia transicional.
El anuncio gubernamental se produce en un contexto de revisión del gasto público. Sectores cercanos al Ejecutivo han argumentado que la JEP debe ajustar sus costos de operación y demostrar resultados concretos en la persecución penal de responsables de delitos de lesa humanidad.
Críticos de la jurisdicción, en cambio, sostienen que la entidad necesita continuidad presupuestal para cumplir los compromisos adquiridos con las víctimas y con los excombatientes que comparecen ante los magistrados. Para ellos, un recorte abrupto pondría en riesgo el cierre de decenas de macrocasos y microcasos en curso.
Según el extracto, Ramelli evalúa la posibilidad de llevar el debate sobre el recorte a instancias internacionales. La JEP podría invocar compromisos adquiridos ante organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o relatores de la ONU, que han seguido de cerca el proceso de justicia transicional colombiano.
La movida política recuerda pugnas presupuestales de años anteriores, cuando sectores del Congreso y del Ejecutivo intentaron reducir partidas de la JEP. En esos episodios, la jurisdicción argumentó que los compromisos internacionales del Estado impedían dejar sin recursos al tribunal de paz.
Por ahora, el debate queda instalado en la opinión pública y en el Congreso, donde cualquier modificación al presupuesto de la JEP requerirá debates en las comisiones económicas y sesiones plenarias de la Cámara y el Senado.
Queda por verse si el Ejecutivo formaliza su respaldo mediante una iniciativa concreta o si la propuesta se mantiene en el terreno del debate político. Mientras tanto, la JEP insiste en que cualquier ajuste debe garantizar la continuidad de los procesos y la protección de los derechos de las víctimas.