El presidente Abelardo De La Espriella dio la instrucción al Ministerio de Hacienda de iniciar las gestiones ante el Fondo Monetario Internacional con el propósito de atender la crisis fiscal que atraviesa el país. La orden fue reportada por Portafolio, que además consultó a varios expertos sobre las condiciones que normalmente impone ese organismo multilateral a los países que solicitan apoyo financiero.
El Fondo Monetario Internacional es una institución integrada por 190 países que ofrece asistencia financiera temporal a naciones con problemas de balanza de pagos o sostenibilidad de su deuda. A cambio de los créditos, el FMI suele exigir compromisos en política económica, conocidos como condicionalidades, que pueden incluir ajustes en el gasto público, reformas tributarias o cambios en el régimen cambiario.
Una de las preguntas centrales que plantea el artículo de Portafolio es si Colombia tendría que aprobar una reforma tributaria como condición para acceder a un eventual préstamo. Los expertos consultados por el diario señalan que este tipo de ajustes dependen del tamaño del crédito solicitado, del plazo y del diagnóstico que haga el organismo sobre las finanzas públicas.
Colombia ha tenido acercamientos previos con el FMI en momentos de tensión fiscal. El caso más reciente se remonta a 2020, cuando el gobierno de Iván Duque suscribió una Línea de Crédito Flexible por alrededor de 11.000 millones de dólares, ampliada después por la administración de Gustavo Petro. Ese instrumento, considerado preventivo, no implicó condicionalidades porque el país calificaba como economía con políticas sólidas.
La diferencia entre una línea preventiva y un acuerdo de stand-by o un programa de servicio ampliado es justamente el nivel de condicionalidad. En los acuerdos de mayor alcance, el FMI suele pedir metas concretas de déficit, consolidación fiscal y, en varios casos, reformas estructurales al sistema tributario. La discusión sobre si Colombia requerirá una reforma depende, según los analistas, del tipo de instrumento que se negocie.
Para los ciudadanos, el eventual acuerdo tiene implicaciones directas en dos frentes. Primero, en el bolsillo: una reforma tributaria suele traducirse en cambios en el impuesto de renta, en el IVA o en cargas a sectores específicos. Segundo, en los servicios públicos, porque las metas de déficit pueden restringir el gasto del Gobierno nacional en sectores como educación, salud e infraestructura.
En el debate recogido por Portafolio también se menciona que el costo político de una reforma tributaria suele ser alto, y que su diseño depende del margen que tenga el Gobierno para negociar con el Congreso. Algunos expertos sostienen que, antes de tocar los tributos, el país podría buscar recortes en el gasto corriente y mejoras en la eficiencia de la Dian, la entidad recaudadora.
Por ahora, el Ministerio de Hacienda no ha detallado públicamente los montos ni el tipo de instrumento que se solicitará al FMI. Queda pendiente la confirmación oficial sobre el inicio formal de las conversaciones y los plazos que manejará el equipo económico para presentar la solicitud ante el directorio del Fondo.
La decisión presidencial se produce en un contexto de presiones fiscales que incluyen menores ingresos por cuenta de la actividad económica y compromisos de gasto creciente. El siguiente paso será conocer los términos de la negociación y el eventual impacto en los contribuyentes, en medio de un año en el que la reforma tributaria volverá al centro del debate nacional.