--- title: "Gobierno expide decreto con 24 artículos para regular la protesta en Colombia" description: "El Ministerio del Interior expidió un nuevo decreto con 24 artículos destinado a regular el derecho a la protesta en el país. La norma busca, según la cartera, garantizar el orden durante las manifestaciones ciudadanas." image: "https://abelardopresidente.co/media/decreto-para-regular-el-derecho-a-la-protesta-claves-de-la-nueva-norma.webp" date: "2026-10-01T15:10:50Z" area: "Política" calificacion: "Neutral" fuente: "Emisora Nueva Epoca Fusagasugá" canonical: "https://abelardopresidente.co/noticia/decreto-para-regular-el-derecho-a-la-protesta-claves-de-la-nueva-norma" --- # Gobierno expide decreto con 24 artículos para regular la protesta en Colombia > El Ministerio del Interior expidió un nuevo decreto con 24 artículos destinado a regular el derecho a la protesta en el país. La norma busca, según la cartera, garantizar el orden durante las manifestaciones ciudadanas. - Fecha: 2026-10-01T15:10:50Z - Área: Política - Calificación del observatorio: **Neutral** (confianza 45%) - Por qué: El Ministerio del Interior expidió un decreto de 24 artículos para regular el derecho a la protesta, orientado a garantizar el orden público. El contenido específico de los artículos no se detalla en el extracto, por lo que el balance entre restricción de derechos y seguridad ciudadana no puede precisarse con la información disponible. - Fuente original: [Emisora Nueva Epoca Fusagasugá](https://emisoranuevaepoca.com.co/decreto-regulacion-derecho-protesta-colombia) - URL canónica: https://abelardopresidente.co/noticia/decreto-para-regular-el-derecho-a-la-protesta-claves-de-la-nueva-norma El Ministerio del Interior expidió un decreto compuesto por 24 artículos con el objetivo de regular el derecho fundamental a la protesta en Colombia, según reportó la Emisora Nueva Época de Fusagasugá. La iniciativa fue presentada por esa cartera como una herramienta para fijar reglas claras en el ejercicio de este derecho constitucional. De acuerdo con la información difundida por la emisora, la norma fue impulsada desde el Ministerio del Interior con el propósito expreso de garantizar el orden público durante las jornadas de manifestación. La protesta social es un derecho amparado por la Constitución Política de 1991, pero su ejercicio ha sido materia de debate en las últimas décadas por su relación con hechos de violencia, vandalismo y afectación a terceros. El derecho a la reunión y a la manifestación pública está reconocido en el artículo 37 de la Constitución, que establece que toda parte del pueblo puede concurrir a reuniones y manifestaciones pacíficas. A lo largo de los años, distintos gobiernos han intentado expedir marcos normativos que regulen aspectos como horarios, zonas, permisos previos o intervención de la fuerza pública, aunque varios de esos intentos fueron retirados o declarados inexequibles por la Corte Constitucional. Colombia atraviesa un escenario de discusión permanente sobre los límites entre la garantía de la protesta y la preservación del orden. Sectores sociales y de derechos humanos han pedido normas que protejan a los manifestantes, mientras que gremios y autoridades locales han reclamado reglas que eviten afectaciones a la movilidad, al comercio y a la infraestructura durante las jornadas de paro o bloqueo. Según la información publicada por la Emisora Nueva Época, el decreto contempla 24 artículos que, en conjunto, establecen los criterios bajo los cuales se adelantarán las manifestaciones en el territorio nacional. La emisora invitó a los ciudadanos a conocer el contenido completo de la norma para entender su alcance y las obligaciones que se derivan de ella. La expedición de este tipo de decretos suele abrir un debate en el Congreso, en la academia y en las organizaciones de la sociedad civil. Expertos en derecho constitucional han recordado que cualquier regulación de la protesta debe pasar un test de constitucionalidad, pues se trata de un derecho fundamental cuyo núcleo esencial no puede ser restringido de manera desproporcionada. Para los ciudadanos, el impacto de esta norma se medirá en la práctica diaria: en cómo se autorizan o limitan las concentraciones, en el papel de las alcaldías y gobernaciones, y en los protocolos de actuación de la Policía Nacional. También se reflejará en la forma como se resuelvan los conflictos entre manifestantes, transeúntes, comerciantes y residentes de las zonas afectadas. El Ministerio del Interior será la entidad encargada de socializar los detalles del decreto y de responder por su implementación en el territorio. Mientras tanto, la ciudadanía, los organismos de control y la jurisdicción contencioso-administrativa estarán atentos a los efectos de la nueva regulación y a su compatibilidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Queda por conocer el texto completo del decreto, los decretos reglamentarios que lo desarrollen y las observaciones que formulen tanto la Corte Constitucional como los organismos de control. El país observará, en los próximos meses, cómo se traduce en la práctica este nuevo marco para uno de los derechos más sensibles de la vida pública colombiana. ## Preguntas frecuentes ### ¿Qué entidad expidió el nuevo decreto sobre protesta? El decreto fue impulsado y expedido por el Ministerio del Interior, según informó la Emisora Nueva Época de Fusagasugá. ### ¿Cuántos artículos tiene la nueva norma? La norma está compuesta por 24 artículos, de acuerdo con la información publicada por la Emisora Nueva Época. ### ¿Cuál es el objetivo declarado del decreto? Según el Ministerio del Interior, el propósito de la norma es regular el derecho a la protesta y garantizar el orden público durante las manifestaciones. ### ¿Qué derecho constitucional se busca regular? El decreto busca regular el derecho a la reunión y a la manifestación pública, consagrado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia. --- Publicado por [Abelardo Presidente](https://abelardopresidente.co), observatorio ciudadano y neutral del gobierno de Colombia. Cada hecho cita su fuente y se califica por impacto verificable, no por posición política.