La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció sobre la política de seguridad del Gobierno nacional en entrevista con Noticias Caracol. Una de sus observaciones apuntó directamente al jefe de Estado: cuestionó la simbología de que el presidente Abelardo de la Espriella aparezca portando un arma en el cinturón, tal como se ha visto en apariciones públicas.
Marín fue directa al fijar su posición. Dijo que el presidente no debe mostrarse como un combatiente, según recogió Noticias Caracol. La frase resume una preocupación de fondo sobre el mensaje que transmite la imagen presidencial en un país que enfrenta violencias múltiples y donde la separación entre fuerza pública y mando civil es un principio constitucional.
La defensora también llevó el debate al terreno territorial. Advirtió que la militarización desplegada en Santa Marta no basta para desarticular el control hegemónico que ejercen Los Pachenca en esa zona del Caribe colombiano. Con esa expresión señaló que la sola presencia militar no resuelve el problema si no se acompañan otras acciones institucionales.
La Defensoría del Pueblo es el organismo constitucional encargado de la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia. Su titular tiene la vocería para alertar sobre riesgos de constitucionalidad en las decisiones del Ejecutivo y para señalar fallas en las estrategias de seguridad que afecten a la población civil.
El caso de Los Pachenca ilustra el desafío. Se trata de una estructura armada que mantiene influencia sobre corredores urbanos y rurales en el norte del país, con presencia documentada en actividades de narcotráfico y extorsión. La complejidad de ese tipo de grupos exige, según distintos análisis, una combinación de fuerza pública, inteligencia, justicia e inversión social.
La observación de Marín ocurre en un contexto de redefinición de la política de seguridad del Gobierno de De la Espriella, que ha privilegiado el discurso de mano firme y el uso visible de la fuerza como eje discursivo. La Defensora puso en cuestión si esa estética comunica protección a la ciudadanía o, por el contrario, erosiona el rol del mando civil.
Para los ciudadanos, el debate toca dos puntos sensibles: la percepción de seguridad en regiones como Santa Marta, golpeada por hechos de violencia recurrentes, y el respeto a los símbolos del Estado de derecho. Una cosa es reforzar la Fuerza Pública y otra, dijo la Defensora, es que el presidente se presente con armas como parte de su imagen.
Quedan abiertas varias preguntas. El Gobierno aún no ha respondido de forma pública a los señalamientos de Marín, según lo recogido por la fuente. Tampoco se conoce una evaluación oficial sobre si la militarización en Santa Marta está dando resultados contra Los Pachenca. La Defensoría, por su parte, suele presentar informes periódicos que podrían ampliar este diagnóstico en las próximas semanas.