La defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció en contra de la política de deportación de migrantes irregulares que promueve el presidente Abelardo de la Espriella. En sus declaraciones, recogidas por Infobae, la funcionaria sostuvo que esta población también goza de derechos que deben ser protegidos por el Estado colombiano.
Marín recordó que Colombia ha recibido a miles de migrantes a lo largo de su historia, con especial énfasis en la población de procedencia venezolana. Para la defensora, estas personas han sido actores fundamentales en el crecimiento económico y social del país, al aportar mano de obra en distintos sectores productivos.
El pronunciamiento se produce en un contexto de presión creciente sobre los flujos migratorios irregulares que ingresan al país, principalmente por la frontera con Venezuela. La Defensoría del Pueblo, como entidad encargada de velar por los derechos humanos en Colombia, ha sido históricamente una voz de advertencia frente a medidas que puedan afectar a poblaciones vulnerables.
La funcionaria no descartó que las deportaciones masivas puedan configurar violaciones a derechos fundamentales si no se realizan con el debido proceso. En Colombia, la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el Estado blindan los derechos de las personas sin importar su situación migratoria regular.
Desde el inicio de su gobierno, el presidente De la Espriella ha planteado la deportación de migrantes irregulares como una de sus prioridades en materia de seguridad y orden público. Su administración ha argumentado que la presencia de personas sin documentación ha incrementado la presión sobre servicios públicos y la percepción de inseguridad en varias ciudades del país.
El cruce de declaraciones entre la Defensoría y el Gobierno reabre el debate sobre cómo equilibrar el control migratorio con la garantía de los derechos humanos. Sectores sociales y organizaciones no gubernamentales han pedido que cualquier procedimiento se ajuste a los estándares internacionales y respete el debido proceso.
Para los migrantes venezolanos, que representan el mayor flujo migratorio hacia Colombia en la última década, el tema tiene consecuencias directas. Muchos llegaron al país tras la crisis económica y política de Venezuela, y miles aún permanecen en situación irregular por demoras en los trámites de regularización como el Estatuto Temporal de Protección.
Infobae reportó que la defensora insistió en que las autoridades deben garantizar que ningún migrante sea devuelto a un lugar donde corra riesgo su vida o integridad, en línea con el principio de no devolución que rige el derecho internacional. La discusión sobre el alcance y los límites de las deportaciones quedó instalada en la agenda pública nacional.
Queda por verse si el Gobierno nacional responderá formalmente a los cuestionamientos de la Defensoría y si se establecerán protocolos claros para los operativos de deportación. La tensión entre las políticas migratorias del Ejecutivo y la defensa de derechos por parte de los organismos de control seguirá marcando el debate en las próximas semanas.