La Defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó públicamente al presidente Abelardo de la Espriella por la forma en que se mostró el resultado de un bombardeo en el departamento de Guaviare. De acuerdo con Infobae, Marín sostuvo que una institución no debe exhibir su poder mediante la humillación del adversario, sino mediante el apego a la Constitución y al derecho internacional humanitario.
El pronunciamiento se produjo después de que la escena oficial tras la ofensiva militar incluyera la presentación de los cuerpos de los combatientes muertos, según el reporte de Infobae. Para la Defensora, este tipo de exhibiciones envían un mensaje problemático sobre el uso de la fuerza del Estado y la forma en que se comunica a la ciudadanía.
En sus declaraciones recogidas por Infobae, Marín afirmó que no debe existir una competencia por demostrar quién puede ser más cruel, en una referencia directa al contraste entre la actuación de las fuerzas armadas y la de los grupos armados ilegales. La Defensoria del Pueblo, creada por la Constitución de 1991, tiene entre sus funciones velar por la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia, por lo que su voz institucional tiene un peso específico en este tipo de debates.
La zona del Guaviare ha sido históricamente escenario de operaciones militares contra estructuras armadas ilegales que hacen presencia en esa región del suroriente colombiano. Las Fuerzas Militares suelen realizar bombardeos como parte de su estrategia contra estos grupos, y los resultados suelen ser comunicados a través de comunicados oficiales y ruedas de prensa.
La crítica de Marín introduce un debate sobre los límites de la comunicación oficial en medio de operaciones militares. Para la Defensora, la autoridad legítima del Estado se construye sobre el respeto al marco legal y a los principios humanitarios, no sobre la espectacularidad de las imágenes que deja un operativo. Esta postura es coherente con la doctrina internacional que rige los conflictos armados y que Colombia, como Estado parte de los protocolos adicionales a los Convenios de Ginebra, está obligada a observar.
El intercambio se enmarca, además, en la relación entre el Ejecutivo y los organismos de control y defensa de derechos humanos. La Defensoria del Pueblo actúa con autonomía frente al Gobierno y cumple la función de alertar cuando, a su juicio, una actuación estatal se aleja de los estándares de derechos humanos. Por eso, la intervención de Marín suele ser leída como una señal de tensión o, según el caso, de equilibrio institucional.
La fuente consultada por Infobae no detalla cuántas personas murieron en el bombardeo ni a qué estructura pertenecían, por lo que este artículo se limita a los hechos verificables del pronunciamiento de la Defensora. Tampoco se registran, en el extracto disponible, otras reacciones del Gobierno distintas a las que Infobae atribuye a la escena oficial que motivó la crítica.
Queda por verse si la Casa de Nariño responde formalmente a los señalamientos de la Defensora y si el Ministerio de Defensa emite algún pronunciamiento sobre los protocolos de comunicación tras operaciones militares. La Defensoría, por su parte, suele dar seguimiento a estos casos a través de informes y llamados de atención que se incorporan a su rendición de cuentas periódica ante el Congreso de la República.