La Defensora del Pueblo, Iris Marín, se pronunció en contra de la orden del presidente Abelardo de la Espriella que busca deportar a los inmigrantes que se encuentren en situación irregular en Colombia. Marín sostuvo que perseguir a un grupo de personas por su origen nacional constituye xenofobia, según registró Infobae.
En sus declaraciones, la funcionaria también fue enfática al señalar que la migración irregular no es un delito en el ordenamiento jurídico colombiano. Esa distinción es central en el debate, porque de ella depende si el Estado puede tratar a los inmigrantes irregulares como infractores penales o si, por el contrario, su situación debe resolverse por vías administrativas.
La Defensoría del Pueblo es la entidad encargada de velar por la promoción, el ejercicio y la defensa de los derechos humanos en el país. Por esa razón, sus pronunciamientos tienen peso institucional cuando una política del Ejecutivo toca temas sensibles como la migración, el debido proceso o la no discriminación.
El choque entre la orden presidencial y la posición de la Defensoría se inscribe en un contexto regional marcado por flujos migratorios significativos, en especial desde Venezuela. Millones de personas han ingresado a Colombia en los últimos años, y el país ha combinado mecanismos de regularización como el Estatuto Temporal de Protección con operativos de control migratorio en zonas de frontera.
Para los ciudadanos, el alcance de la orden presidencial es relevante porque define qué tratamientos puede recibir una parte de la población que vive, trabaja o estudia en Colombia. Una política de deportaciones masivas, según advirtió Marín, expondría a esas personas a riesgos de separación familiar y a violaciones de derechos fundamentales.
En el plano institucional, la crítica de la Defensora abre un frente de tensión con el Gobierno nacional. Aunque la Defensoría no tiene poder de veto sobre las decisiones del Ejecutivo, sus observaciones suelen ser utilizadas por organizaciones sociales y por órganos judiciales para cuestionar la constitucionalidad de determinadas medidas.
Desde el Gobierno todavía no se conoce, según el reporte de Infobae, una respuesta formal a las declaraciones de Marín. La orden de deportación y el alcance exacto que tendrá en la práctica son aspectos que el Ejecutivo aún no ha detallado públicamente, por lo que persisten dudas sobre su implementación.
En las próximas semanas se espera que el Gobierno amplíe los lineamientos de la orden y que la Defensoría del Pueblo, junto con organizaciones de derechos humanos, precise los escenarios en los que la medida podría ser objetada. Mientras tanto, el debate sobre el equilibrio entre control migratorio y protección de derechos queda instalado en la opinión pública.