La Defensoría del Pueblo de Colombia elevó un llamado al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que limite el uso de la fuerza en los operativos de seguridad, según reportó teleSUR. La solicitud surge luego de que se conocieran imágenes con cadáveres en el departamento de Guaviare y reportes de menores de edad fallecidos durante procedimientos de las fuerzas estatales.
El pronunciamiento de la Defensoría ocurre en un contexto de tensión por la estrategia de seguridad del actual Gobierno. La entidad de derechos humanos pidió al Ejecutivo reducir los niveles de fuerza empleados en zonas donde la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas ha sido históricamente fuerte, como el Guaviare.
Según la denuncia recogida por teleSUR, el Ejecutivo estaría buscando 'disputar el miedo' como parte de su política de seguridad, una estrategia que, de acuerdo con la Defensoría, puede derivar en hechos de crueldad contra la población civil. La difusión de las imágenes con cadáveres fue el detonante de la alerta pública.
La muerte de menores en operativos es uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento. En Colombia, la protección de los niños, niñas y adolescentes en zonas de conflicto está respaldada por normas nacionales y por instrumentos internacionales, y cualquier hecho que los afecte suele activar de inmediato a la Defensoría como entidad garante de los derechos humanos.
El departamento del Guaviare, escenario de los hechos denunciados, ha sido durante décadas una zona estratégica para grupos armados al margen de la ley y para cultivos de uso ilícito. La presencia militar y policial en la región ha sido intensa, y en varias oportunidades organizaciones de derechos humanos han pedido protocolos más estrictos para el uso de la fuerza en esa zona.
La Defensoría del Pueblo es la entidad estatal encargada de promover y defender los derechos humanos en Colombia. Su autonomía frente al Gobierno nacional está prevista en la Constitución, y sus llamados suelen ser vinculantes en el plano político, aunque no en el jurídico. Por eso, un pronunciamiento de esta naturaleza suele presionar al Ejecutivo a revisar protocolos.
La denuncia reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza en la política de seguridad. Sectores defensores de derechos humanos han advertido que la 'disputa del miedo' puede terminar afectando a comunidades campesinas e indígenas, mientras que sectores políticos han defendido la necesidad de operativos decididos contra las estructuras criminales.
Por ahora, el Gobierno de la Espriella no ha emitido una respuesta pública detallada al llamado de la Defensoría, según el reporte de teleSUR. Queda en expectativa si la administración ajustará los protocolos operativos, abrirá investigaciones internas sobre los hechos denunciados y establecerá nuevas coordinaciones con la Defensoría para evitar que se repitan situaciones que involucren menores y civiles en zonas como el Guaviare.