La Defensoría del Pueblo le solicitó a la Fiscalía General de la Nación que priorice las investigaciones para establecer las circunstancias en las que un joven perdió la vida durante un operativo militar ejecutado el 2 de octubre en el departamento de Nariño. El pedido fue hecho público luego de que el caso despertara dudas sobre el proceder de la fuerza pública en la zona.
Según la versión oficial del Gobierno nacional, el joven haría parte de las disidencias de las Farc, el grupo armado organizado que mantiene presencia en distintos puntos del sur de Colombia. La Defensoría, sin embargo, recordó que esa afirmación debe ser corroborada por las autoridades judiciales competentes y no asumirse como un hecho verificado.
El organismo de derechos humanos pidió de manera expresa que se verifique el cumplimiento de los protocolos de la fuerza pública durante el operativo. Esa solicitud incluye la revisión de los procedimientos de uso de la fuerza, la atención posterior a los hechos y el manejo de la escena, aspectos que suelen ser determinantes en investigaciones por muertes en el contexto de operaciones militares.
La Defensoría del Pueblo tiene como función constitucional la protección y promoción de los derechos humanos en Colombia. En casos donde se reportan civiles o jóvenes muertos en acciones de la fuerza pública, el organismo suele intervenir como garante de los derechos de las víctimas y como veedor del debido proceso, incluso cuando el Gobierno afirma que los fallecidos tenían vínculos con grupos armados.
El departamento de Nariño ha sido escenario recurrente de operaciones militares contra grupos armados ilegales, en especial contra las disidencias de las Farc y otros actores armados que disputan el control territorial. La región, fronteriza con Ecuador, enfrenta además situaciones de violencia que afectan a comunidades campesinas e indígenas, lo que hace que cualquier hecho violento sea mirado con especial atención por organismos de control y organizaciones sociales.
La exigencia de la Defensoría se inscribe en una línea de pedidos que el organismo ha formulado en otros episodios en los que se reportaron muertes en operativos. En esos casos, la investigación de la Fiscalía es la que determina si hubo exceso en el uso de la fuerza o si la actuación de los militares se ajustó a la ley y a los manuales vigentes.
Por ahora, el caso está en etapa de indagación preliminar según la información entregada por la Defensoría. Las autoridades competentes deberán recolectar testimonios, revisar los reportes de la operación y, en general, reconstruir lo ocurrido el 2 de octubre para determinar si existió o no una conducta punible por parte de algún integrante de la fuerza pública.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la transparencia de los operativos militares en zonas de conflicto, la necesidad de investigaciones ágiles y la garantía de los derechos de las personas señaladas de tener vínculos con grupos armados, quienes conservan el derecho a ser tratadas conforme a la ley hasta que se demuestre lo contrario.