La Defensoría del Pueblo le envió un llamado al Gobierno nacional para que defina con precisión los alcances del protocolo de intervención policial en las universidades públicas. El pronunciamiento se conoce después de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara un mecanismo de actuación para los campus donde se registren desmanes.
El organismo de control pidió que se establezcan reglas claras para evitar excesos o retenciones irregulares dentro de los recintos universitarios. La preocupación central es que, sin lineamientos explícitos, la actuación de la fuerza pública termine afectando derechos fundamentales de la comunidad académica.
Según la Defensoría, el protocolo presidencial debe detallar qué tipo de conductas justifican el ingreso de la Policía, quién autoriza la intervención y bajo qué condiciones se pueden practicar retenciones. También debe precisar los límites temporales y geográficos de la actuación policial dentro de los campus.
El llamado hace énfasis en que la intervención puede restringir la protesta, un derecho amparado por la Constitución. Por eso, el organismo pidió que cualquier procedimiento respete los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que rigen el uso de la fuerza en escenarios civiles.
La Defensoría recordó que las universidades públicas tienen autonomía y que dentro de ellas conviven estudiantes, docentes y trabajadores. Una intervención policial, explicó, no solo afecta a quienes participan en desmanes, sino al conjunto de la comunidad universitaria y a la continuidad de las actividades académicas.
En Colombia, la relación entre fuerza pública y campus universitarios ha estado marcada por episodios controversiales en las últimas décadas. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han fijado criterios sobre el uso de la fuerza en contextos de protesta social, y esos precedentes suelen ser invocados cuando se debaten protocolos como el anunciado.
La solicitud de la Defensoría se suma a los debates que se han abierto en sectores estudiantiles, rectores y organizaciones de derechos humanos. Varios de estos actores han pedido que el Gobierno socialice el protocolo antes de implementarlo y que abra espacios de diálogo con las comunidades universitarias.
Desde el Gobierno, el anuncio del protocolo se dio en respuesta a hechos de alteración del orden en algunos campus. La Presidencia sostuvo que el objetivo es proteger a la comunidad y garantizar la continuidad de las clases, pero hasta ahora no se han publicado los detalles técnicos del procedimiento.
La Defensoría pidió que la respuesta oficial llegue pronto y que incluya criterios verificables, mecanismos de supervisión y rutas de acompañamiento para los casos en que se aplique el protocolo. El organismo insistió en que la transparencia en las reglas es la mejor forma de evitar abusos y de preservar el derecho a la manifestación pacífica.
Por ahora, queda pendiente la publicación oficial del protocolo y la respuesta formal del Gobierno al requerimiento de la Defensoría. El tema seguirá en el debate público mientras universidades y organizaciones de derechos humanos piden ser escuchadas antes de que el mecanismo entre en operación.