La Defensoría del Pueblo elevó un requerimiento al Gobierno nacional para que la Ley 2590 de 2026 se aplique con prioridad. La norma refuerza los mecanismos de protección de los menores de edad frente al reclutamiento forzado por parte de grupos armados ilegales, según informó el medio Pulzo.
El reclutamiento de menores es una práctica documentada en Colombia durante décadas. Distintos grupos armados al margen de la ley han incorporado niños, niñas y adolescentes a sus filas, tanto en zonas rurales como en áreas urbanas periféricas. La ley 2590 de 2026 fue expedida para actualizar el marco de prevención y protección existente.
Con la solicitud, la Defensoría busca que las entidades del Estado ejecuten acciones coordinadas y oportunas en los municipios y departamentos catalogados como zonas de riesgo. Entre las medidas esperadas están la activación de rutas de prevención, la atención inmediata a menores en riesgo y el acompañamiento a las familias.
La ley establece responsabilidades específicas para alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional. También fija plazos y procedimientos para la atención de alertas tempranas emitidas por la propia Defensoría, que desde hace años publica reportes periódicos sobre la presencia de grupos armados y sus efectos sobre la población civil.
El llamado de la Defensoría ocurre en un contexto donde las alertas por presencia de grupos armados en varias regiones del país se han mantenido activas. Las zonas rurales con menor presencia institucional suelen ser las más afectadas por el reclutamiento, un delito que vulnera los derechos de los menores y tiene consecuencias profundas en su desarrollo.
Para las comunidades, la aplicación efectiva de esta ley se traduce en una mayor presencia institucional en zonas apartadas, acceso más rápido a rutas de protección y, en teoría, una respuesta más articulada entre las autoridades locales y nacionales. También implica un seguimiento más riguroso a los casos de menores en riesgo.
La Defensoría también pidió que se asignen los recursos necesarios para que los comités locales de prevención puedan funcionar de manera permanente. Estos comités, conformados por autoridades civiles, fuerza pública y organizaciones comunitarias, son la primera línea de respuesta cuando se detecta una amenaza de reclutamiento.
Organizaciones de derechos humanos han señalado en el pasado que, aunque Colombia cuenta con un marco legal robusto para la protección de los menores, la debilidad en la implementación ha permitido que el reclutamiento continúe. La insistencia de la Defensoría apunta justamente a cerrar esa brecha entre lo que dice la ley y lo que ocurre en los territorios.
Queda pendiente que el Gobierno nacional responda formalmente al llamado de la Defensoría y defina un cronograma de implementación. Las próximas semanas serán clave para conocer si se concretan las acciones prioritarias que la entidad solicitó en las zonas de mayor riesgo.