La Defensoría del Pueblo solicitó al Ejecutivo que adopte medidas concretas para resguardar la autonomía universitaria y el derecho a la protesta, en el marco del nuevo protocolo que define cómo puede intervenir la Fuerza Pública en los campus académicos. El llamado fue reportado por Caracol Radio a partir de un pronunciamiento del ente humanitario.
El protocolo al que hace referencia la Defensoría fija reglas para la actuación de las fuerzas de seguridad dentro de recintos universitarios. El debate sobre este tipo de procedimientos ha estado presente en Colombia durante las últimas décadas, en particular tras episodios de intervención policial en campuses que terminaron en denuncias por exceso de la fuerza y restricciones a la actividad estudiantil.
La autonomía universitaria está respaldada por la Constitución y por la Ley 30 de 1992, que consagra la libertad de cátedra, el autogobierno y la independencia de las instituciones frente a presiones externas. Cualquier actuación del Estado dentro de los campus debe ponderar estos principios, según han reiterado organismos de derechos humanos y la comunidad académica.
En el pronunciamiento, la Defensoría planteó varias recomendaciones al gobierno nacional, sin detallar cada una en el extracto. El ente actúa como garante de los derechos fundamentales en el país y tiene la facultad de emitir alertas tempranas y observaciones a las políticas públicas cuando considera que pueden afectar garantías ciudadanas.
El derecho a la protesta pacífica, reconocido por la Corte Constitucional en sentencias como la C-379 de 2022, impone límites a la intervención de la fuerza pública en manifestaciones. Las universidades, como espacios de deliberación y expresión política, suelen ser escenario de movilizaciones estudiantiles que las autoridades deben resguardar, no reprimir de forma desproporcionada, según estándares de derechos humanos.
El llamado de la Defensoría se produce en un contexto de tensión entre el gobierno nacional y sectores del movimiento estudiantil por el contenido del protocolo. Aunque los términos del debate han variado, lo cierto es que la autonomía universitaria y la protesta pacífica son derechos constitucionalmente protegidos y cualquier restricción debe estar debidamente justificada.
Para la comunidad universitaria, el alcance del protocolo es determinante: define bajo qué condiciones puede ingresar la fuerza pública a un campus, cómo se protegen bienes académicos y cómo se garantiza que las movilizaciones no terminen en hechos de violencia. La Defensoría insistió en que el gobierno debe escuchar estas preocupaciones antes de implementar el documento.
Queda por conocer la respuesta oficial del gobierno a las recomendaciones del ente de control y si el protocolo será ajustado antes de su aplicación definitiva. Organizaciones estudiantiles y rectores de universidades públicas han pedido espacios de diálogo para revisar el texto.