La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno nacional reversar el decreto que ordena la creación de una base de datos sobre guardias indígenas, según informó el medio Infobae. El organismo fundamentó su pedido en los posibles riesgos que la medida traería para las comunidades originarias del país.
De acuerdo con la Defensoría, la iniciativa estatal podría afectar la autonomía, el gobierno propio, la representación y la seguridad de los pueblos indígenas. Para el organismo, la creación de un registro de esa naturaleza sin consulta previa compromete principios reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos de los pueblos originarios.
La Defensoría también reclamó que cualquier decisión sobre el tema sea concertada en la Mesa Permanente de Concertación, el espacio formal de diálogo entre el Gobierno nacional y los pueblos indígenas. Esa instancia es la ruta institucional prevista para discutir políticas que inciden directamente en esas comunidades.
Las guardias indígenas son organizaciones de protección y vigilancia comunitaria que existen en distintos territorios del país, especialmente en zonas donde la presencia del Estado es limitada. Su reconocimiento legal y operativo ha sido parte de la discusión sobre cómo articular la protección de los derechos de los pueblos originarios con las políticas de seguridad y orden público.
El llamado de la Defensoría se produce en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y varias organizaciones indígenas por el rumbo de la política pública frente a los pueblos originarios. La creación de bases de datos que contengan información sensible sobre integrantes de estas comunidades ha sido un punto sensible en debates previos sobre inteligencia, seguridad y derechos humanos.
Desde la perspectiva de las comunidades, la recolección centralizada de datos sobre sus guardias puede exponer a sus miembros y debilitar los mecanismos comunitarios de protección. Por eso, distintos sectores han pedido que cualquier medida de ese tipo sea consultada de manera previa, libre e informada.
La solicitud de la Defensoría no es vinculante, pero sí constituye una alerta institucional sobre los riesgos jurídicos y de derechos humanos del decreto. El Gobierno deberá evaluar si mantiene la medida, la modifica o la somete a un proceso de concertación con los pueblos indígenas, como pide el organismo de control.
Por ahora, el decreto objeto de la controversia sigue siendo el centro de la discusión. Queda pendiente la respuesta oficial del Ejecutivo frente al pedido formal de la Defensoría y la apertura, o no, de un espacio de diálogo en la Mesa Permanente de Concertación para revisar el contenido de la norma.