La Defensoría del Pueblo le hizo un llamado directo al presidente Abelardo de la Espriella para que no compita con los criminales en una retórica de mayor crueldad, según reportó Noticiero 90 Minutos. La solicitud se enmarca en la preocupación de ese organismo por el lenguaje utilizado desde la Casa de Nariño en materia de seguridad.
La Defensoría es la entidad estatal encargada de velar por la promoción y defensa de los derechos humanos en Colombia. Su titular tiene la facultad de intervenir públicamente cuando considera que una actuación del Estado puede poner en riesgo garantías fundamentales o alejarse de los estándares internacionales de protección.
El pedido se produce en un momento sensible para la seguridad del país. Colombia arrastra décadas de violencia asociada al narcotráfico, a grupos armados ilegales y a estructuras criminales que disputan territorios. En ese contexto, el discurso presidencial sobre cómo enfrentar el crimen suele ser observado con atención por organismos de control, organizaciones sociales y la comunidad internacional.
Aunque el extracto de la fuente no precisa las declaraciones puntuales del presidente que motivaron la solicitud, sí plantea una alerta sobre el tono de la conversación pública. Para la Defensoría, prometer más dureza que los propios delincuentes podría derivar en acciones que desborden el marco legal y los principios de los derechos humanos.
La petición también tiene implicaciones para la ciudadanía. La política de seguridad condiciona la vida cotidiana de millones de colombianos que viven en zonas afectadas por la extorsión, el reclutamiento forzado, los confinamientos y los asesinatos selectivos. El lenguaje oficial influye en la manera como la Fuerza Pública interpreta su misión y en la confianza de la población hacia las instituciones.
Desde el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados conservan el monopolio legítimo de la fuerza, pero ese poder lleva consigo obligaciones. Ningún gobierno puede excederse en la respuesta penal o militar so pena de reproducir lógicas contrarias al Estado de derecho. Por eso, cuando un organismo de control como la Defensoría eleva un llamado, suele pedir que las acciones se mantengan dentro de los cauces legales.
Queda por verse cómo responde el presidente De la Espriella al requerimiento y si su gobierno ajustará el tono de su comunicación oficial. El país sigue atento a los primeros meses de la nueva administración, en los que se definen las prioridades en defensa, justicia y protección de los derechos fundamentales.