La Defensoría del Pueblo le solicitó al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella implementar de forma inmediata la ley que contempla sanciones más severas para quienes recluten menores de edad. El llamado fue hecho público a través de un pronunciamiento recogido por El País de Cali.
La entidad explicó que la solicitud se enfoca en crear los mecanismos previstos por la norma para fortalecer la protección de la niñez. Esa implementación incluye la puesta en marcha de rutas de atención, seguimiento a los casos y articulación entre las entidades del Estado responsables de la garantía de derechos de los menores.
La ley endurece las penas para los responsables de reclutar a menores, una práctica que afecta de manera particular a adolescentes en zonas rurales y en contextos de conflicto armado. El reclutamiento forzado vulnera derechos fundamentales como la vida, la libertad y la integridad personal.
En Colombia, el reclutamiento de menores ha sido una de las violaciones más documentadas por organismos nacionales e internacionales. La Defensoría, como entidad encargada de velar por los derechos humanos en el país, cumple un papel clave en la veeduría y exigencia de cumplimiento de las normas de protección infantil.
El llamado al gobierno nacional ocurre en un momento en el que las organizaciones sociales y los organismos de control han insistido en la necesidad de reforzar las políticas públicas para prevenir el reclutamiento. La implementación efectiva de la ley depende, en gran parte, de la voluntad del Ejecutivo y de la coordinación con la Fiscalía y la Judicatura.
Para los ciudadanos, el reclutamiento de menores tiene consecuencias directas en comunidades apartadas, donde los jóvenes quedan expuestos a la violencia y al abandono de sus proyectos de vida. Las medidas contempladas en la norma buscan disuadir esta práctica y ofrecer respuestas más contundentes del aparato judicial.
La Defensoría también pidió que se adopten medidas de prevención, entre ellas campañas de sensibilización y la articulación con los entes territoriales. La entidad recordó que la protección de la infancia es una obligación del Estado en su conjunto y no solo de un sector.
Queda pendiente ahora conocer la respuesta del gobierno nacional frente a los plazos y la hoja de ruta para implementar los mecanismos exigidos por la ley. La sociedad civil y los organismos de control estarán atentos al cumplimiento de los compromisos adquiridos.