La maquinaria decomisada consiste en dos excavadoras valoradas, en conjunto, en alrededor de 900 millones de pesos. Según reportó Infobae, los equipos estaban en manos de estructuras vinculadas al ELN y se usaban en actividades de extracción aurífera ilegal en el Chocó. Tras la acción de las autoridades, las máquinas pasaron a disposición de la Gobernación departamental.
El cambio de uso se dio en el contexto de la emergencia que atraviesa el Chocó tras un movimiento telúrico que sacudió al departamento. La Gobernación recibió los equipos paraSumarse a las labores de reconstrucción que ya están en marcha en los municipios afectados. La decisión fue anunciada por las autoridades nacionales como una forma de redirigir recursos que estaban al servicio de la economía criminal hacia la atención de la población.
La minería ilegal es una de las fuentes de financiamiento históricas del ELN en el Chocó. El departamento, rico en oro y otros minerales, ha sido escenario durante años de disputas entre grupos armados por el control de los entables y los ríos donde se realiza la extracción. Decomisar maquinaria pesada representa uno de los golpes operativos más sensibles a esa cadena logística, porque reduce la capacidad de mover tierra y procesar material en zonas selváticas.
En la zona, la presencia del ELN convive con la de otras organizaciones armadas dedicadas a la minería criminal. La actividad extractiva no regulada genera, además de ingresos para los grupos armados, contaminación por mercurio y deterioro de los cauces de los ríos. Por eso, la destrucción o decomiso de maquinaria se ha convertido en una línea de acción recurrente de la Fuerza Pública y de entidades como la Fiscalía y la Agencia Nacional de Minería.
El terremoto que motivó el nuevo uso de las excavadoras dejó daños en viviendas, vías y equipamientos colectivos en varios municipios del Chocó. La zona, además de su condición sísmica, enfrenta limitaciones de conectividad terrestre y una institucionalidad local con baja capacidad técnica. Disponer de maquinaria pesada es, en la práctica, una condición necesaria para remover escombros, abrir caminos y habilitar servicios básicos.
Entregar los equipos a la Gobernación busca que su operación quede bajo control civil y no militar. Esa transferencia implica que la administración departamental asume los costos de combustible, mantenimiento y operación, mientras las Fuerzas Armadas mantienen el control sobre el territorio donde se produjo el decomiso. Es un esquema de cooperación que se ha usado en otras emergencias en Colombia, aunque no exento de demoras logísticas.
La reacción en el territorio suele ser mixta. Las comunidades que sufren los efectos del terremoto valoran la llegada de equipos, porque sin ellos las obras avanzan a un ritmo muy lento. Al mismo tiempo, organizaciones ambientales advierten que la rehabilitación no debe profundizar la presión sobre los bosques y los ríos del Chocó, un departamento con alta vulnerabilidad climática y donde la deforestación es estructural.
La operación se suma a la lista de golpes al ELN durante el último año, que incluyen capturas, incautaciones de insumos químicos y destrucción de dragas. Cada decomiso reduce el patrimonio económico del grupo, pero los analistas de seguridad coinciden en que el efecto se diluye si las estructuras armadas mantienen el control social sobre las comunidades donde operan. Por eso, en el Chocó la estabilización es una tarea de largo plazo.
Por ahora, las dos excavadoras empezarán a trabajar en las zonas más afectadas por el sismo. El Gobierno no entregó un cronograma detallado de las obras, pero la Gobernación deberá reportar el avance de las tareas. Si la maquinaria cumple su nuevo destino, el hecho se convierte en un ejemplo de reaprovechamiento de bienes del crimen en favor de la población civil que, en últimas, es la más golpeada por ambos flagelos.