El ex presidente Gustavo Petro anunció que elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el actual jefe de Estado colombiano, Abelardo de la Espriella. Según el reporte del diario Reforma, la comunicación fue presentada por el ex mandatario bajo la figura de persecución política, un delito que el Estatuto de Roma reconoce como competencia del tribunal.
La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es el tribunal de última instancia para juzgar crímenes graves cuando los sistemas judiciales nacionales no actúan o son incapaces de hacerlo. Su competencia cubre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Una denuncia por persecución política suele encuadrar, de prosperar, en la categoría de crímenes de lesa humanidad, dado que la persecución se define como la privación intencional de derechos fundamentales a un grupo identificado.
Con esta radicación, la denuncia entra en una fase preliminar. La Fiscalía de la CPI debe evaluar si la comunicación cumple los requisitos de admisibilidad, si los hechos descritos encajan en los delitos del Estatuto de Roma y si existen motivos razonables para abrir una investigación. La apertura puede tardar años y solo procede cuando se descarta que los tribunales nacionales estén investigando los mismos hechos de manera genuina.
La decisión de llevar el caso a la jurisdicción internacional se produce en un contexto de tensiones políticas acumuladas entre el gobierno saliente y la nueva administración. Hasta ahora no se conocieron detalles de las pruebas aportadas ni de los actos puntuales que Petro atribuye a De la Espriella para sustentar la queja.
Para la ciudadanía, el anuncio reabre el debate sobre los límites del disenso político en Colombia y sobre el uso de los mecanismos internacionales de justicia. Organizaciones de derechos humanos suelen recordar que la Corte Penal Internacional actúa de manera independiente y que sus procedimientos no sustituyen a la justicia ordinaria, sino que la complementan.
La Presidencia de la República no había emitido, hasta el momento del reporte de Reforma, una respuesta oficial sobre los señalamientos. Tampoco se pronunció la Fiscalía General de la Nación sobre una eventual apertura de investigaciones paralelas. La denuncia queda ahora en manos de la Fiscalía de la CPI, que deberá decidir si abre un examen preliminar o archiva la comunicación.
En las próximas semanas se espera que se conozca más detalle sobre el contenido de la denuncia y las reacciones de la comunidad jurídica nacional e internacional. El procedimiento ante la CPI es confidencial durante la fase preliminar, por lo que difícilmente habrá pronunciamientos públicos antes de una decisión de la Fiscalía.