Una denuncia divulgada este martes señala que la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tiene 2.450 procesos contra expresidentes, magistrados de altas cortes y la fiscal general sin repartir, lo que mantiene al organismo en una parálisis casi total. La alerta fue planteada al conocer que el cuerpo legislativo encargado de investigar a los más altos funcionarios del Estado no cuenta con los recursos operativos ni el personal suficiente para tramitar esos expedientes.
La Comisión de Acusación es el único órgano del Congreso con potestad constitucional para investigar y juzgar penalmente al presidente y al vicepresidente de la República, a los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Disciplinaria, y al fiscal general de la Nación. También le compete investigar al Procurador General y al Defensor del Pueblo, entre otros altos servidores.
El represamiento de 2.450 expedientes pendientes de reparto significa, en la práctica, que ninguna de esas investigaciones ha sido asignada a un representante investigador y, por tanto, no ha comenzado a surtir las etapas procesales que establece la ley. Los denunciantes compararon la situación con una parálisis completa del órgano de control político.
La denuncia agrega que la falta de recursos no es coyuntural, sino que arrastra varias legislaturas, y que ha derivado en un rezago que limita la capacidad del Estado para investigar presuntas irregularidades de sus funcionarios más visibles. Varios de los expedientes llevan años esperando asignación.
Expertos en derecho constitucional recordaron que la Comisión funciona con un procedimiento especial previsto en la Ley 5 de 1992 y en la propia Constitución, distinto al de los juicios ordinarios. Para que un proceso avance se requiere no solo el reparto formal, sino también la contratación de profesionales forenses, asistentes técnicos y personal jurídico de apoyo, recursos que dependen de las partidas presupuestales asignadas por el Congreso.
El trasfondo del congestionamiento también apunta a limitaciones administrativas. La Comisión opera con una secretaría técnica reducida y compite por el talento humano con otras dependencias del Congreso. Algunos exsecretarios del organismo han advertido en el pasado que cada legislador investigador necesita al menos tres profesionales para analizar los voluminosos expedientes que se radican contra aforados.
Desde organizaciones ciudadanas que monitorean la justicia se pidió que la Mesa Directiva de la Cámara y el Ministerio de Hacienda revisen las asignaciones presupuestales del órgano, para garantizar que el despacho de estas investigaciones no quede sujeto al ritmo político ni a los relevos legislativos cada cuatro años. La petición busca que los expedientes sean repartidos de manera transparente y dentro de plazos verificables.
El panorama abre un debate sobre la idoneidad del modelo actual de juzgamiento a aforados, vigente desde la Constitución de 1991. Algunas voces han planteado la necesidad de una comisión técnica externa que asuma el conocimiento de los casos contra presidentes y exmandatarios, mientras otras defienden el fuero legislativo como un contrapeso indispensable dentro del diseño institucional colombiano.
Entre tanto, los 2.450 expedientes seguirán a la espera de reparto. Lo que ocurra con cada uno de ellos dependerá del presupuesto que se apruebe, de la voluntad política de los nuevos representantes que se posesionen y de los acuerdos internos que se adopten para descongestionar el organismo. La denuncia quedó radicada y se esperan pronunciamientos oficiales de la Comisión en los próximos días.