La Defensoría del Pueblo, dirigida por Iris Marín, emitió un comunicado en el que alertó sobre la compleja situación generada por un bombardeo en la región del Catatumbo. Según la entidad, el operativo habría afectado a población civil en la zona.
De acuerdo con la denuncia recogida por la Revista Semana, se trata del primer bombardeo ordenado por el gobierno del presidente Abelardo de La Espriella. La operación militar se enmarca en la estrategia de seguridad que la nueva administración ha empezado a ejecutar en uno de los territorios históricamente más golpeados por el conflicto armado.
La Personería de El Tarra también se pronunció sobre los hechos. Los reportes preliminares señalan que el bombardeo habría impactado a civiles que residen en esa zona del nororiente colombiano, donde convergen cultivos de uso ilícito, presencia de grupos armados y comunidades campesinas e indígenas.
El Catatumbo, que comprende municipios de Norte de Santander como El Tarra, Tibú, Sardinata y Convención, ha sido durante décadas un escenario de disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las antiguas Farc y organizaciones criminales. La región registra constantes desplazamientos forzados, confinamientos y enfrentamientos armados.
La Defensoría del Pueblo ha sido históricamente una de las voces institucionales que advierte sobre los efectos humanitarios de las operaciones militares en zonas con presencia civil. Su pronunciamiento suele activar rutas de atención y verificación de los daños reportados por las comunidades.
Para los habitantes del Catatumbo, un bombardeo aéreo genera especial preocupación por el riesgo de afectación a viviendas, escuelas y caminos veredales. La distancia entre los campamentos guerrilleros y los caseríos rurales suele ser reducida, lo que aumenta la posibilidad de daños colateral en operaciones de esta naturaleza.
Desde el sector defensa, aún no se conoce un pronunciamiento oficial que confirme el saldo del operativo ni que detalle los protocolos de verificación de población civil aplicados antes y después de la acción militar. Las autoridades competentes suelen entregar reportes técnicos en las horas siguientes a este tipo de operaciones.
La denuncia pública de la Defensoría y la Personería de El Tarra pone sobre la mesa un interrogant recurrente en la política de seguridad: cómo se compatibiliza la ofensiva contra los grupos armados con la protección de la población civil. El gobierno de La Espriella enfrenta así una de sus primeras pruebas en materia de derechos humanos.
En las próximas horas se esperan nuevos reportes de la Defensoría, de la Personería y de las autoridades militares. Las comunidades del Catatumbo, organizaciones de derechos humanos y sectores políticos suelen reaccionar a este tipo de hechos con pronunciamientos públicos, solicitudes de verificación y, en algunos casos, peticiones de investigación disciplinaria o penal.