Tres casos distintos, vinculados a procedimientos de la Fuerza Pública, vuelven a colocar sobre la mesa el patrón conocido como “falsos positivos”, una figura que durante décadas ha marcado la relación entre las Fuerzas Armadas, la justicia penal y las víctimas civiles en Colombia.
El término describe, en líneas generales, la presentación de civiles muertos en combate como supuestos guerrilleros o delincuentes dados de baja en operaciones militares, una conducta que ha sido investigada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y por la justicia ordinaria en múltiples expedientes.
En esta oportunidad, según el reporte recogido por Análisis Urbano, los hechos denunciados comparten un denominador común: pertenecen al período de gobierno de Abelardo de la Espriella y comprometen unidades que actúan bajo su cadena de mando.
El Ejecutivo enfrenta así una presión simultánea desde dos flancos. Por un lado, organizaciones de derechos humanos y abogados de víctimas exigen que se abran investigaciones disciplinarias y penales, y que se identifique a los responsables materiales y a los superiores que habrían ordenado u omitido controles.
Por otro lado, voces del ámbito político, citadas en el reporte, solicitan comparecencias públicas y reportes técnicos sobre los protocolos que regulan los combates, la recolección de evidencia y la comunicación de bajas en operaciones.
El impacto sobre la política de seguridad es sensible. La confianza de la ciudadanía en las Fuerzas Militares y de Policía depende en buena medida de la percepción de transparencia y de la coherencia entre los resultados operativos y los estándares internacionales de derechos humanos.
En el plano institucional, los casos llegan en un momento en que la JEP mantiene abiertos varios macrocasos sobre ejecuciones extrajudiciales, y la Fiscalía avanza en investigaciones contra uniformados por hechos similares.
La situación obliga a definir, en el corto plazo, si el Gobierno opta por una línea de acompañamiento a las investigaciones en curso o si impulsa una narrativa de deslinde frente a las conductas denunciadas.
Queda pendiente conocer el contenido de las denuncias formales, la identidad de las víctimas y los uniformados involucrados, así como las decisiones que adopten la Fiscalía, la Procuraduría y los tribunales competentes en las próximas semanas.