El diario El Espectador publicó un análisis en el que sostiene que la promesa de deportar a los migrantes irregulares plantea un reto mucho más complejo que el discurso de “colombianos primero”, la bandera con la que el presidente Abelardo de la Espriella ha enmarcado su política migratoria desde su llegada al poder.
Según el resumen que acompaña el artículo, deportar migrantes en Colombia no es tan fácil como pretende el presidente De la Espriella. El medio advierte que la retórica de priorizar a los colombianos nacionales choca con la capacidad real del Estado para ejecutar expulsiones administrativas a gran escala.
Colombia ha sido durante la última década uno de los principales receptores de población migrante venezolana, y en menor medida de ciudadanos de otros países andinos, caribeños y africanos que cruzan la frontera por Darién o permanecen en condición irregular tras vencer sus permisos de permanencia.
La normatividad colombiana establece que la deportación es una decisión administrativa que adopta Migración Colombia, generalmente vinculada a la comisión de delitos, al ingreso irregular o al vencimiento de la documentación, y que exige acuerdos bilaterales con los países de origen para la aceptación de los retornados.
El Espectador subraya que esos acuerdos no existen con todas las naciones de las que provienen los migrantes irregulares, lo que deja al Gobierno sin un mecanismo expedito para garantizar el retorno voluntario o forzado, y obliga a procesos judiciales que pueden prolongarse durante meses.
A esos escollos jurídicos se suman los logísticos. Trasladar personas hasta sus países de origen requiere coordinar vuelos, centros de tránsito, escoltas y atención consular, costos que suelen recaer sobre el presupuesto nacional y sobre la cooperación internacional.
La promesa de “colombianos primero” también ha sido interpretada por organizaciones de derechos humanos como una declaración que podría derivar en prácticas de perfilamiento racial o xenofobia, lo que añade un frente de veeduría al cumplimiento de la política.
El análisis de El Espectador no descarta la viabilidad de la medida, pero concluye que el Ejecutivo necesita definir con claridad los plazos, los recursos y los convenios internacionales para convertir la promesa de deportaciones masivas en una acción sostenida.
Por ahora, lo que queda sobre la mesa es el contraste entre un anuncio de alto impacto político y un aparato estatal que, según el reportaje, carece de las herramientas suficientes para ejecutarlo al ritmo prometido durante la campaña.