El gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha una serie de operativos conjuntos entre Migración Colombia y la Policía Nacional dirigidos a perseguir, detener y deportar a trabajadores migrantes en situación irregular. La información fue divulgada por La Izquierda Diario, que tituló su nota como “Derechista de manual: De la Espriella lanza ofensiva antiinmigrantes en Colombia”.
Según el extracto de la fuente, la estrategia no se limita a los procedimientos migratorios. Incluye además la criminalización de las personas migrantes, al presentar al trabajador extranjero como un enemigo interno. Esa lectura política aparece en el texto original y no se incorpora como juicio del observatorio.
Migración Colombia es la entidad estatal encargada de ejercer el control migratorio en el país, mientras la Policía Nacional aporta su capacidad operativa en calles y vías. La coordinación entre ambas instituciones es habitual en operativos de verificación de documentos, aunque la escala y el tono del anuncio marcan un giro respecto a administraciones anteriores.
La población afectada por estas acciones incluye principalmente a ciudadanos venezolanos, que representan la comunidad migrante más numerosa en Colombia, junto con personas de otras nacionalidades andinas y extracontinentales que trabajan sin visa o con permisos vencidos. Muchos de ellos se desempeñan en sectores informales como ventas callejeras, construcción, trabajo doméstico y agricultura.
Para los gremios económicos, los trabajadores migrantes irregulares cubren vacíos laborales en regiones y oficios con escasa oferta de mano de obra local. Para las centrales obreras, la medida también tiene implicaciones sobre la precarización laboral, pues la amenaza de deportación puede presionar a la baja los salarios y las condiciones de trabajo del conjunto de la clase obrera, según señala la fuente.
Organizaciones de derechos humanos han cuestionado en otras ocasiones que las redadas masivas se realizan sin suficiente debido proceso y que la población migrante queda expuesta a trata laboral y xenofobia. Aunque ese señalamiento general no aparece en el extracto citado, forma parte del debate público sobre este tipo de políticas en distintos países de la región.
La nota de La Izquierda Diario enmarca la decisión dentro de una “criminalización” de la migración y advierte sobre el riesgo de profundizar la precarización del trabajo. Esa es la lectura editorial del medio citado, no una valoración del observatorio, que se limita a registrar el hecho y sus posibles efectos sobre la población afectada.
Queda por conocer el alcance territorial exacto de los operativos, el número estimado de personas que podrían ser detenidas o deportadas, los convenios de cooperación con países de origen para el retorno y las garantías de debido proceso para los migrantes interceptados. Hasta ahora, el extracto difundido no precisa esos datos técnicos.