La calificadora S&P Global Ratings recortó la nota crediticia de Colombia y la ubicó en el nivel más bajo que ha tenido el país, de acuerdo con el reporte de Bloomberg Línea. La decisión se tomó en abril y se dio a conocer como parte de un nuevo análisis sobre la deuda soberana colombiana.
Según la agencia, el factor que pesó en la rebaja fue la suspensión de la regla fiscal en 2024 por parte del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro. Esa regla era el ancla que limitaba cuánto podía endeudarse el Estado colombiano en momentos de menor crecimiento o de mayor gasto.
Sin esa restricción, el Gobierno podía emitir más deuda y comprometer el pago de obligaciones futuras. La calificadora tomó nota de esa señal y la reflejó en una nota más baja para el país.
Una calificación más baja encarece el crédito para el Estado y para empresas que se endeudan en pesos o en dólares. También suele traducirse en mayor percepción de riesgo entre inversionistas y en presiones sobre la tasa de cambio y las tasas de interés internas.
La rebaja llega en un momento sensible para Colombia. El país se encuentra en el inicio de la presidencia de Abelardo de la Espriella, que recibió un país con ese antecedente en su historial crediticio y con los efectos acumulados de más de un año sin regla fiscal vigente.
El déficit fiscal es uno de los frentes más sensibles que enfrenta el nuevo gobierno. La diferencia entre lo que el Estado recauda y lo que gasta obliga a buscar financiamiento, y ese financiamiento se vuelve más caro cuando una agencia como S&P reduce la nota soberana.
Además del déficit, el gobierno entrante debe lidiar con otro reto de gran tamaño: la violencia asociada al narcotráfico, que también aparece como factor de riesgo en el análisis de contexto que hace Bloomberg Línea sobre los primeros meses de la administración De la Espriella.
El mercado estará atento a las primeras decisiones del nuevo gobierno en materia de recaudo, gasto y reactivación de la regla fiscal. Una eventual restauración de ese marco, o el diseño de uno nuevo, será una de las señales que observarán las calificadoras en los próximos meses.
La ciudadanía, por su parte, puede esperar efectos indirectos en el costo del crédito, en la inversión pública y en la capacidad del Estado para financiar programas sociales. La magnitud de esos efectos dependerá de las medidas que adopte la nueva administración.