El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, manifestó su intención de desplegar la Fuerza Pública en escenarios de protesta dentro de las universidades públicas del país. El pronunciamiento, recogido por El Tiempo, abre un nuevo capítulo en la relación entre el Gobierno nacional y la comunidad académica.
La reacción llegó desde Bucaramanga, capital de Santander. El alcalde de la ciudad expresó su respaldo al jefe de Estado y celebró la decisión de actuar contra lo que el Gobierno califica como infiltrados en los recintos universitarios, según la misma fuente.
La declaración presidencial se inscribe en una discusión de larga data en Colombia sobre los límites de la protesta estudiantil y el papel de la fuerza pública en los campus. Las universidades públicas, administradas en buena parte por los departamentos, han sido escenario de movilizaciones gremiales y políticas desde hace décadas.
El uso de la Fuerza Pública para contener manifestaciones ha sido una decisión sensible en el país. Distintos gobiernos han optado por distintos enfoques: algunos han privilegiado el diálogo con los consejos superiores y los estudiantes, mientras que otros han autorizado intervenciones puntuales cuando se presentan bloqueos o alteraciones del orden.
La figura del infiltrado en las universidades ha sido recurrente en el discurso político colombiano. Gobiernos de distinto signo han señalado la presencia de personas externas a la comunidad académica que, según esa narrativa, promueven desmanes o se aprovechan de las marchas legítimas para causar hechos de violencia.
Para los estudiantes, la posibilidad de un despliegue policial en los campus abre un debate sobre la autonomía universitaria, un principio consagrado en la Constitución y desarrollado por la jurisprudencia nacional. Ese principio establece que las instituciones de educación superior pueden gobernarse conforme a sus estatutos.
Desde las regiones, los respaldos o rechazos a este tipo de medidas suelen llegar rápido. El aval del alcalde de Bucaramanga sugiere que, al menos en una capital importante, la decisión presidencial cuenta con apoyo de autoridades locales que comparten el diagnóstico del Gobierno sobre las protestas universitarias.
Queda por verse cómo se ejecutará el anuncio en la práctica. Las universidades públicas atraviesan además retos presupuestales y académicos que suelen alimentar la protesta, y cualquier decisión sobre el orden público tendrá que coordinarse con las directivas institucionales y las gobernaciones departamentales.