El presidente Abelardo de la Espriella firmó desde el avión presidencial la orden de extradición número 119, según reportó Revista Semana. El acto se convirtió en una nueva señal del ritmo que el gobierno quiere imprimirle a la cooperación judicial con otros países.
De acuerdo con la información publicada por Semana, el mandatario calificó la firma como una verdadera maravilla y manifestó que su objetivo es poner en jaque a las estructuras criminales. La declaración fue hecha a bordo de la aeronave, en el contexto de un desplazamiento oficial.
La cifra de 119 extradiciones acumuladas durante el gobierno de De La Espriella se inscribe en una política de mano firme frente al crimen organizado, una línea que el propio presidente ha repetido en distintos escenarios públicos. Colombia mantiene tratados de extradición con Estados Unidos y con otras naciones con las que comparte investigaciones por narcotráfico y delitos transnacionales.
El trámite de la firma desde el avión presidencial, fuera del Despacho en la Casa de Nariño, también tiene un valor simbólico. Refleja la decisión del gobierno de no detener el ritmo de las extradiciones, incluso en medio de la agenda de viaje del presidente, según el reporte de Semana.
Para la ciudadanía, el dato de 119 extradiciones en lo corrido del mandato es el indicador más visible de la política de seguridad del gobierno. Las extradiciones afectan principalmente a personas requeridas por autoridades extranjeras por delitos como narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir transnacional.
En el plano institucional, la firma corresponde a la competencia del presidente de la República, que avala la entrega de nacionales o extranjeros reclamados por otros países, previo concepto favorable de la Corte Suprema de Justicia. El dato aportado por Semana no precisa el nombre del extraducible ni el país requirente en este caso puntual.
La declaración del presidente sobre poner en jaque a las estructuras criminales se suma al discurso oficial de combate frontal al narcotráfico que el gobierno ha mantenido. Semana no reporta reacciones de la oposición ni de organizaciones de derechos humanos sobre esta firma específica, por lo que el alcance del debate público queda por ampliarse en los próximos días.
Queda pendiente conocer los detalles del caso número 119: identidad de la persona extraditada, país solicitante y delitos imputados. Con esa información se podrá dimensionar el peso específico de esta firma dentro del total acumulado durante el gobierno.
