Legisladores del Congreso de la República radicaron un paquete de tres proyectos con el objetivo de atender la emergencia y la reconstrucción tras el terremoto que golpeó a varias zonas del país. La información fue publicada por el diario El Heraldo, que reseñó las tres iniciativas como una respuesta institucional a la crisis.
La primera propuesta plantea la creación de Zonas Económicas Especiales en los territorios damnificados. Este tipo de figuras, aplicadas en otros momentos de la historia económica colombiana, concentran incentivos tributarios y condiciones regulatorias distintas para atraer inversión, dinamizar el empleo y acelerar la recuperación de regiones que enfrentan una caída marcada de su actividad productiva.
El segundo proyecto contempla un subsidio a la nómina dirigido a los empleadores de las zonas afectadas. La medida apunta a sostener los puestos de trabajo formales que suelen ser los más golpeados tras una catástrofe, cuando muchas empresas reducen operación, suspenden contratos o cierran de manera temporal sus puertas por los daños en infraestructura y la caída de la demanda.
La tercera iniciativa es la llamada Ley de Costo Cero para la Reconstrucción, una figura orientada a que el Estado asuma los gastos de reconstrucción de vivienda, vías, acueductos, escuelas y hospitales. El nombre sugiere que los damnificados no tendrían que asumir directamente esos costos, trasladando la carga fiscal al presupuesto nacional y a mecanismos de financiación que el Congreso deberá discutir.
Las tres propuestas llegan en un momento sensible para los municipios golpeados por el fenómeno sísmico, donde la emergencia humanitaria convive con la necesidad de reactivar la economía local. La magnitud de los daños, las poblaciones comprometidas y la capacidad institucional de respuesta son variables que pesarán en la viabilidad técnica y fiscal de cada uno de los proyectos.
Las Zonas Económicas Especiales no son una figura nueva en el debate público colombiano. Han sido discutidas en distintas coyunturas como herramienta para atraer inversión extranjera y nacional, simplificar trámites y ofrecer condiciones especiales en regiones con bajos indicadores de desarrollo o golpeadas por eventos extraordinarios. Su aplicación depende, en buena medida, del diseño que se apruebe y de la duración que se les imprima.
El subsidio a la nómina es una herramienta ya conocida en Colombia, usada durante choques económicos como la pandemia de 2020, cuando el Estado asumió una parte de los salarios para proteger el empleo formal. Su eventual aplicación en zonas de desastre se concentraría en sectores como comercio, turismo, construcción y servicios, que suelen ser los más expuestos cuando una región sufre un evento telúrico de gran magnitud.
Para los ciudadanos, las tres iniciativas tendrían efectos diferenciados. Las comunidades damnificadas podrían ver aliviada la carga de reconstruir sus hogares y su tejido productivo. Los trabajadores formales de las zonas afectadas podrían mantener su ingreso durante la fase más crítica. Y los inversionistas tendrían señales sobre las condiciones bajo las cuales podrían operar en los municipios priorizados por el Gobierno nacional.
El camino legislativo ahora depende de la Comisión Económica del Senado y de las comisiones séptimas de Senado y Cámara, donde se discutirá el articulado, el costo fiscal y la fuente de los recursos. También será clave la posición del Ministerio de Hacienda, que en Colombia tiene la vocería oficial sobre el impacto presupuestal de cualquier iniciativa que implique gasto o renuncia tributaria.
Por ahora, el paquete de proyectos deja planteada la discusión sobre cómo Colombia financia la reconstrucción después de un desastre natural de gran escala. Lo que siga dependerá de los debates en comisión, de los ajustes que se hagan al texto original y de la capacidad del Estado de articular una respuesta que combine atención inmediata, reactivación económica y reconstrucción de largo plazo en los territorios afectados.