El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y el Ministerio de Justicia anunciaron que avanzan en una estrategia interinstitucional para reducir el uso de celulares con fines criminales al interior de la cárceles colombianas, según reportó Revista Semana. La decisión apunta directamente a uno de los problemas más señalados por las autoridades: la comunicación entre internos y estructuras delictivas que operan desde los patios.
De acuerdo con la publicación, el Gobierno sostiene que desde prisión no se puede seguir ordenando el delito. La frase, utilizada como eje de la estrategia, resume la lógica de la intervención: limitar los canales técnicos que hoy permiten a personas privadas de la libertad coordinar extorsiones, robos y otras actividades ilegales con cómplices en la calle.
El sistema penitenciario colombiano ha enfrentado durante años reportes sobre el ingreso irregular de teléfonos móviles a los establecimientos de reclusión. Autoridades de Policía y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) han reiterado en distintas oportunidades que los aparatos son usados para mantener el control de organizaciones criminales y para presionar a víctimas mediante llamadas extorsivas.
La articulación entre MinTIC y Justicia abre la puerta a medidas que van desde el reforzamiento de los controles de ingreso de dispositivos hasta la posibilidad de aplicar herramientas tecnológicas para inhibir señales o rastrear equipos no autorizados. Aunque el reporte no detalla el catálogo exacto de acciones, sí confirma que la estrategia está en fase de diseño y ejecución coordinada entre las dos carteras.
Para la ciudadanía, el alcance práctico se traduce en una menor presión sobre víctimas de extorsión, fenómeno que golpea especialmente a comerciantes, transportadores y familias en zonas urbanas y rurales. También puede impactar la dinámica de delitos como el robo, en la medida en que las llamadas desde los penales sirven para planificar golpes, marcar objetivos y recibir el producto de las acciones.
La problemática ha sido abordada previamente con operativos puntuales, decomisos de equipos y sanciones disciplinarias a internos. Sin embargo, distintos análisis institucionales coinciden en que estas acciones aisladas no han logrado desarticular la red de comunicaciones paralela que opera al interior de los penales, lo que justifica, según el Gobierno, una respuesta de carácter interministerial.
La estrategia llega en un momento en el que la extorsión se mantiene como uno de los delitos que más preocupación genera entre los gremios productivos y las autoridades locales. Sectores como el transporte, el comercio formal e informal y la población migrante han reportado incrementos en las exigencias económicas y amenazas derivadas de llamadas originadas, en muchos casos, desde centros carcelarios.
Como queda pendiente, el Gobierno deberá precisar el alcance técnico de las medidas, los plazos de implementación y los mecanismos de control que se aplicarán en cada uno de los penales del país. La ciudadanía y los operadores de justicia estarán atentos a si la coordinación entre MinTIC y Justicia se traduce en una reducción verificable de los hechos delictivos coordinados desde prisión.
La fuente original de esta información es la Revista Semana, que publicó el reporte sobre la estrategia en marcha y recogió la declaración “desde prisión no se puede seguir ordenando el delito” como parte central del anuncio gubernamental.