El Gobierno nacional prepara una propuesta para desmontar de manera gradual el impuesto del 4x1.000, uno de los gravámenes que más ingresos genera para las finanzas públicas. La información, reportada por 360 Radio, indica que la iniciativa se presentaría bajo el nombre de Ley de Rescate.
El 4x1.000 es un impuesto a las transacciones financieras que se cobra cada vez que una persona o una empresa mueve dinero desde una cuenta bancaria. Desde su creación, ha sido una de las fuentes más estables de recaudo para el presupuesto nacional y para el sistema de seguridad social.
El carácter gradual del desmonte implica que la tarifa no caería de un día para otro, sino que se iría reduciendo en varias etapas hasta desaparecer. Ese esquema, según la lógica de reformas tributarias recientes, busca dar tiempo a que el Estado reemplace esos ingresos con otras fuentes o ajuste su gasto.
Para los ciudadanos y las empresas, una baja del 4x1.000 significaría un menor costo cada vez que se hacen transferencias, pagos de nómina, compras con tarjeta o movimientos entre cuentas. Sectores como el comercio, la banca y las pequeñas empresas suelen ser los más sensibles a este tipo de variaciones.
La propuesta llega en un contexto de debate sobre la carga tributaria en Colombia, donde el país suele ubicarse entre los de mayor presión impositiva de la región. Reformas anteriores han buscado ampliar la base de contribuyentes y reducir gravámenes considerados regresivos, es decir, los que pesan más sobre los ingresos bajos y medios.
Por ahora, el Gobierno no ha detallado públicamente el cronograma ni el plazo total del desmonte, ni cómo se compensaría la pérdida de recaudo. Esa información suele quedar contenida en el articulado que se presenta al Congreso y en las ponencias que se tramitan en las comisiones económicas.
La iniciativa deberá pasar por el Congreso de la República, donde enfrenta el filtro de las comisiones terceras y cuartas de Cámara y Senado. Allí se discutirá con gremios, bancadas y organismos de control, en particular la Contraloría y el Ministerio de Hacienda, que suele pronunciarse sobre el impacto fiscal.
Si el desmonte avanza, también se abrirá la discusión sobre el futuro del Gravamen a los Movimientos Financieros como herramienta de recaudo, su papel en la financiación de la salud y los efectos sobre la formalización bancaria, temas que suelen aparecer cada vez que se toca este impuesto.
Por lo pronto, la sola presentación de la propuesta marca un giro en la conversación tributaria y pone sobre la mesa una pregunta central: cómo mantener el equilibrio fiscal mientras se alivia el costo de mover dinero en la economía formal.