La misiva, dirigida al presidente electo Abelardo de la Espriella y a los miembros de su gabinete, plantea que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Estado colombiano y las Farc dejó de ser una negociación entre partes para convertirse en un compromiso de toda la nación, según el criterio de los firmantes.
Los excombatientes recordaron en el documento que lo acordado tiene rango constitucional, luego de su incorporación al ordenamiento jurídico mediante el Acto Legislativo 01 de 2017. Esto significa, según su argumento, que cualquier modificación debe seguir los cauces previstos para reformas a la Constitución.
En la carta, los desmovilizados sostienen que un eventual desmonte de los compromisos adquiridos representaría un ataque directo a las víctimas del conflicto armado. La afirmación busca situar el debate en el plano de los derechos de quienes sufrieron el desplazamiento, la violencia y las desapariciones forzadas.
El Acuerdo de 2016 puso en marcha varios mecanismos centrales: la dejación de armas por parte de la extinta guerrilla, su tránsito a la vida civil a través del partido Comunes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y la implementación territorial de programas de desarrollo y reintegración. Estos puntos han marcado la política de paz durante los últimos nueve años.
La comunicación llega en un momento de transición. De la Espriella asumirá la Presidencia tras el período actual y su equipo ya comenzó a perfilar las prioridades del nuevo Gobierno. Los firmantes pidieron ser recibidos para exponer sus puntos de vista antes de que se definan políticas concretas sobre el tema.
El contenido de la carta fue difundido por el portal Infobae, que reprodujo los apartados principales de la misiva. Hasta el momento, según la información disponible, no se conoce una respuesta pública del presidente electo ni de su equipo de transición frente a los planteamientos de los excombatientes.
La discusión sobre el futuro del acuerdo se suma a otras voces que en los últimos años han pedido ajustes a la implementación, incluyendo sectores que consideran que el proceso ha sido lento y otros que defienden su integralidad. El nuevo Gobierno tendrá que fijar una postura formal sobre el tema en las primeras semanas de mandato.
Para las víctimas, el debate resulta sensible porque buena parte de la reparación contemplada en el acuerdo depende de la continuidad de los mecanismos creados, como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y las instancias de la JEP. Los firmantes recordaron en la carta que esos espacios no pueden quedar en suspenso.
Queda por verse si el equipo entrante convocará una mesa de diálogo con los excombatientes y si abrirá espacios formales de interlocución con la JEP y con las plataformas de víctimas. La respuesta del nuevo Gobierno a esta carta será una primera señal sobre la ruta que tomará la política de paz a partir del 7 de agosto.